¿Se superó la crisis política?

A lo largo de los dos últimos años, la sociedad salvadoreña ha vivido una crisis política debido a conflictos entre los poderes del Estado. La pugna ha tenido como principales protagonistas a la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional, y se ha desencadenado tanto por la resistencia de la primera a aceptar los fallos de la segunda sobre la ley del Presupuesto, el sistema electoral y la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General, como por querer imponer a la Sala el criterio de unanimidad como condición para emitir fallos de inconstitucionalidad.

Este conflicto, en el que se involucraron también la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, puso a prueba y mostró la fragilidad de la independencia de poderes en el país, afectó a la vida política en su conjunto y debilitó a la institucionalidad democrática. La sociedad civil también se vio afectada y de distintos modos se pronunció al respecto, ya sea tomando partido por uno u otro lado, o llamando al diálogo y a una solución sensata, cuerda y propia de un Estado de derecho.

A un mes de que finalice 2012, y viendo en perspectiva este proceso, se puede afirmar que ha sido esta última posición la que finalmente se ha impuesto, para bien del país y del sistema democrático. En agosto de 2011, devolviendo las cosas a su lugar, se derogó el decreto 743, que amordazaba a la Sala de lo Constitucional. Este año, a pesar de que la Asamblea Legislativa estaba cerrada y firme en su posición de no acatar los fallos de la Sala, e incluso habiendo obtenido una sentencia —ilegítima— a su favor en la Corte Centroamericana de Justicia, acabó desechando ese fallo y obedeciendo a la Sala de lo Constitucional. Así, fueron elegidos nuevamente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se respetó el nombramiento de Belarmino Jaime como miembro de la Sala de lo Constitucional por nueve años. Aunque a estas alturas la Asamblea Legislativa todavía no ha sido capaz de elegir al Fiscal General de la República, al menos ha iniciado el proceso en esa dirección, aunque a un ritmo que roza la parálisis.

En su reciente visita al país, la relatora de la ONU para la independencia judicial señaló con claridad lo que ya muchos en la sociedad defendían: la obligación de los poderes del Estado de acatar los fallos de la Sala de lo Constitucional, la necesidad de fortalecer la independencia del poder judicial y la urgencia de elegir al Fiscal General. Insistió en que la garantía de la independencia de la justicia pasa por una elección despolitizada de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y afirmó que "la falta de transparencia y escrutinio público durante el proceso continúa favoreciendo la presión y las interferencias de los partidos y grupos económicos en la selección" de los magistrados. En este sentido, recomendó "garantizar que magistrados y jueces sean nombrados exclusivamente en base a sus calificaciones, y no por su proximidad real o presunta a los partidos políticos". También señaló que la Corte Centroamericana de Justicia no tiene jurisdicción sobre las decisiones de la Sala de lo Constitucional.

Como es habitual, no faltaron críticas a las declaraciones de la relatora, y hasta ha sido acusada de entrometerse en la vida política nacional. ¡Qué fácil es recurrir a este tipo de acusaciones o descalificar a las personas, tanto desde la derecha como desde la izquierda, cuando se dicen verdades que no gustan! La hoja de vida de Gabriela Carina Knaul Silva, la primera mujer brasileña que ocupa el cargo de Relatora Especial de la ONU, muestra que es una profesional del derecho con amplia experiencia jurídica y con un gran compromiso con el fortalecimiento y la independencia de la justicia. Su experiencia va desde dirigir con éxito el sistema penitenciario de Rondonópolis, en el estado de Mato Grosso, hasta coordinar un proyecto para fortalecer la independencia judicial en el que logró poner de acuerdo a 96 tribunales brasileños. Además, es miembro de la Asociación Internacional de Juezas, conformada por más de 4 mil mujeres de 87 países que luchan por la vigencia y el respeto de los derechos humanos. Por otra parte, es importante recordar que estas visitas solo se hacen a petición de las autoridades nacionales y, en general, cuando ha habido conflictos como el señalado.

Algunas autoridades y dirigentes políticos no han querido reconocer públicamente que fue un grave error no acatar los fallos de la Sala de lo Constitucional y llevar el caso a la Corte Centroamericana de Justicia. Pero en la práctica no han tenido más remedio que actuar en concordancia con los fallos de la Sala de lo Constitucional. Esto no significa, sin embargo, que la crisis haya finalizado. Lo que falta ahora es perfeccionar el sistema legislativo de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y de otros funcionarios de igual nivel, para que sea conforme a derecho y, sobre todo, redunde en la elección de personas con los méritos y con las capacidades suficientes para efectuar una labor honesta, eficaz e independiente. La sociedad debe contribuir insistiendo en ello. Cuando esto se logre, El Salvador habrá superado plenamente esta crisis y se habrá fortalecido como un verdadero Estado de derecho.