Imagínese usted, amigo y amiga oyente, que un día recibe la visita de una persona bien vestida que le da una noticia y, luego, le hace una propuesta. Le dice que bajo su casa ha descubierto un gran tesoro y que para sacarlo se necesita invertir dinero y utilizar herramientas especializadas. Le dice que usted no podrá sacarlo sin ayuda y por eso le ofrece sus servicios. A cambio de que usted le deje extraer el tesoro, le ofrece empleo para su familia en la obra y el 2% de las ganancias para que también usted obtenga beneficios y pueda reparar los daños que la excavación cause en su casa. ¿Qué haría usted, amigo y amiga oyente, ante una propuesta como esta? ¿Daría permiso para buscar el tesoro aunque eso signifique destruir su vivienda? ¿Lo permitiría a cambio de 2 dólares de cada 100 que se generen con la operación?
Para cualquier persona medianamente sensata esta propuesta sería inaceptable, porque implicaría dañar la casa, generar molestias para la familia que la habita y entregar casi la totalidad de la ganancia a alguien de afuera. Similar situación vive El Salvador y otros países del área con la minería metálica. Muchas compañías se han ofrecido a explotar los metales del suelo salvadoreño. Hasta el momento se contabilizan 73 solicitudes de exploración minera en El Salvador; la mayoría han sido hechas por compañías canadienses y estadounidenses. ¿Por qué tanto interés en invertir en la minería metálica en El Salvador? Según una de las empresas mineras más conocidas, la Pacific Rim, solo en la mina El Dorado, en el departamento de Cabañas, se estima que hay un millón 400 mil onzas de oro. También se calcula que a nivel nacional puede haber entre 15 y 50 millones de onzas de oro, que a los precios actuales se traducirían en 23 mil millones de dólares y 78 mil millones de dólares, respectivamente. Un verdadero tesoro.
Sin embargo, está abundantemente comprobado y muy bien documentado que la minería metálica causa severos daños al medio ambiente. El Salvador está al borde de una crisis hídrica y para el funcionamiento de una sola mina se requiere un promedio de 900 mil litros de agua diarios. ¿De dónde se sacará tanta agua? ¿Se le quitará a la gente? Además, el cianuro y los ácidos que se utilizan para extraer el oro contaminan todo lo que tocan, incluyendo los mantos acuíferos, el suelo y los cultivos. En pocas palabras, la minería metálica destruye. Además de la destrucción del medio ambiente y de poner en riesgo la vida de la gente, las empresas mineras ofrecen al país el 2% de las ganancias obtenidas. Para colmo, gracias al TLC, estas compañías extranjeras pueden demandar al Estado salvadoreño si consideran que sus derechos han sido vulnerados. Es decir, además de destruir el ambiente, afectar a la población y llevarse el oro, nos pueden demandar.
Lo indignante e incomprensible de esta situación es que algunos sectores de la sociedad apoyan la explotación minera y acusan a los defensores del ambiente de oponerse al desarrollo. Un problema tan serio como este requiere también de una reflexión y una solución serias. El presidente Funes ha dicho en reiteradas ocasiones que no permitirá la explotación minera durante su gobierno. Lo mismo dijo Antonio Saca durante su gestión. Pero no basta con hacer promesas; se necesita una política de Estado que proteja al país y a su gente. Lo que necesitamos es una ley que impida la explotación, la destrucción y la expoliación de nuestros recursos. La actual, por el contrario, promueve la inversión extranjera con grandes facilidades para las compañías. Esta es una tarea no solo de los y las diputadas, sino de todos los sectores de la sociedad empeñados en promover una mejor vida para todos y todas.