100 días de estado de excepción

En toda democracia se contempla la posibilidad de suspender algunas garantías constitucionales ante crisis extraordinarias muy graves, cumpliendo, eso sí, todas las condiciones establecidas por los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Tanto los Gobiernos de Arena, que implementaron las políticas de mano dura, como los del FMLN, que aprobaron medidas extraordinarias para los privados de libertad, argumentaron que solo a través de acciones excepcionales se podía eliminar a las pandillas. Sin embargo, la política represiva intensificó un problema que hoy se quiere resolver con la misma receta.

Uno de los graves problemas del estado de excepción de Bukele es que nació viciado. Primero, porque viola el marco jurídico nacional y los parámetros internacionales de respeto a los derechos humanos. Por ley, las autoridades de seguridad están obligadas a notificar de cada captura a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, pero los números de personas capturadas que registra la institución son mucho menores que los publicados por los miembros del gabinete de seguridad. Además, aunque la ley asiste a la Procuraduría para verificar en las cárceles la situación de las personas privadas de libertad, fue hasta el 11 de julio pasado, es decir, 107 días después de iniciado el estado de excepción, que se le permitió ingresar a los centros de detención de adultos. Hasta antes de esa fecha, la institución solo había podido realizar verificaciones en las bartolinas y en los centros de resguardo para adolescentes.

Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos contemplan la posibilidad de decretar estados de excepción, pero estipulan que en ningún caso se pueden suspender, entre otros, los derechos a la vida, a la integridad personal, al principio de legalidad y a la protección de la familia. Estos derechos han sido violados sistemáticamente por las autoridades en el marco del estado de excepción. Tal como revela el último informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, las capturas masivas se han caracterizado por irregularidades en la ficha policial, información falsa en el acta de detención, engaños por parte de los captores, violencia contra la niñez y exigencia de cuotas de detenidos.

El estado de excepción ha sustituido el precepto jurídico de presunción de inocencia por una presunción de culpabilidad; ha convertido la detención preventiva en norma generalizada; y ha hechos de las audiencias colectivas una costumbre. En los primeros 100 días del estado de excepción, se realizaron 93 audiencias masivas que en total reunieron a 18,215 detenidos. Las condiciones de reclusión también infringen las normativas para privados de libertad. El informe del Observatorio documenta un creciente hacinamiento carcelario, lesiones, castigos físicos injustificados, negación de atención médica y más de 60 muertes. Además, hay un ensañamiento contra los jóvenes y los pobres: la mayoría de los y las detenidas viven en zonas de alta vulnerabilidad económica y social, y tienen menos de 30 años de edad.

Las sucesivas prórrogas del estado de excepción son una aceptación implícita de la incapacidad de combatir la delincuencia y la criminalidad respetando las leyes y los derechos humanos. A pesar de las diversas denuncias de abusos graves y muertes, la administración de Bukele se empeña en mantenerlo. Las razones son claras: porque la medida tiene un alto respaldo social, porque no hay otra acción gubernamental exitosa y porque el estado de excepción le permite al Gobierno seguir evadiendo la rendición de cuentas y la transparencia.