A propósito del informe sobre independencia judicial

Sin mucha resonancia pública se dio a conocer hace unos días el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre independencia judicial. Tuvieron más repercusión las palabras de la funcionaria poco después de su visita. Ahora, el informe completo casi no se ha comentado. Sin embargo, el documento contiene una serie de apreciaciones sobre el conjunto de nuestro sistema de justicia y defensa de los derechos de las personas que debería, al menos, ser un tema de debate de cara a la próxima elección presidencial. Y no solo de debate, sino de acuerdos interpartidarios por el bien del país. Solo el hecho de recordarnos que en noviembre de 2012 había más de 140,000 casos penales para 745 fiscales debería estremecernos. Si se hace un promedio, eso significa que cada fiscal debe resolver 187 casos. Cualquiera que conoce lo que significa una investigación adecuada y un proceso penal sabe que al menos tres cuartas partes de esos casos están destinados a quedar impunes por el trabajo que supone defender uno solo ante una corte.

El informe recorre el sistema judicial, la Fiscalía General de la República y las procuradurías. Mientras se preocupa por la politización del sistema judicial y del Consejo Nacional de la Judicatura, insiste en lo negativo que es para El Salvador que la Fiscalía, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos carezcan de recursos adecuados para hacer su trabajo. En el caso de la Fiscalía, insiste además en la floja colaboración con la PNC, en parte debido a la falta de capacidad de investigación científica de la corporación policial. La crisis entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia constituye para la Relatora un ejemplo grave de la tendencia a politizar la Corte en beneficio del Ejecutivo y del partido gobernante.

En el caso de la Fiscalía, la Relatora llama la atención sobre un tema tradicionalmente olvidado y que suele producir escozor cuando se lleva al debate público. El informe dice: "La Relatora Especial fue informada de que, a pesar de la decisión de la Corte Suprema sobre la ley de amnistía de 1993, la Fiscalía General no había iniciado aún ninguna investigación en relación con los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra civil". Esta referencia, que por supuesto casi nadie quiere comentar, recuerda que cuando se interpuso ante la Corte Suprema un amparo contra la ley de amnistía, la Sala de lo Constitucional, ya hace más de diez años, dijo que la ley era constitucional, pero que —en base al artículo 244 de la Constitución— no cubría a los funcionarios del Gobierno de Cristiani ni los crímenes de lesa humanidad. Evidentemente, si la amnistía no cubre crímenes imprescriptibles, la Fiscalía está obligada a perseguirlos de oficio. A este respecto, brilla el desinterés de funcionarios y políticos tanto de izquierda como de derecha. Recientemente, un coronel retirado que figura entre los cómplices y encubridores del asesinato de los jesuitas de la UCA apareció como asesor electoral del FMLN para temas militares. Y tanto él como algunos miembros destacados del Frente restaron importancia al tema de encubrir delitos de lesa humanidad.

Es imposible resumir en pocas líneas un informe de esta naturaleza. Pero lo citado es suficiente para pensar que tenemos problemas graves en el sector de justicia. Y es todavía más grave la incapacidad de los partidos y sus candidatos a la Presidencia de la República a la hora de prestar atención a este tipo de informes. Arena ha sido especialista en politizar tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia. El FMLN ha mostrado últimamente el deseo de seguir un camino parecido. De Unidad, la famosa y supuesta tercera fuerza actual, solo basta decir que su candidato, cuando ejerció la presidencia del país, usó a la Fiscalía e incluso al Presidente de la Corte Suprema como marionetas a su favor. ¿Son idóneos estos candidatos para gobernar El Salvador? Si hubiera que responder a partir de su capacidad para tomar en serio informes como el de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre independencia judicial, tendríamos que decir que no. Nos toca a los ciudadanos sacudir la pereza intelectual de los candidatos y recordarles que tienen que dar soluciones a los problemas reales del país. Un sistema judicial ineficiente y politizado, así como una Fiscalía General de la República sin recursos, no es solo un atentado contra los derechos de las personas, sino un modo de complicidad política con el crimen.