A prueba

“La justicia es como la culebra, solo muerde a los descalzos”, dijo monseñor Romero hace décadas, repitiendo lo que escuchó de un campesino. El doloroso significado de esa frase no ha cambiado: con los ricos y los que roban a manos llenas, las leyes son indulgentes o francamente permisivas; por el contrario, golpean con dureza a los pobres que cometen alguna ratería, e incluso a los inocentes. Siempre atento a los deseos de quienes detentan el poder, el sistema de justicia se ha ganado su propio descrédito. Duras penas para los que roban gallinas por hambre, pero protección para los funcionarios que roban miles de sacos de alimentos destinados a familias pobres. Por supuesto, también siempre ha habido jueces decentes en todos los niveles del sistema; jueces que han sabido mantenerse rectos en un contexto de manipulación y corrupción. Aunque cada vez son más escasas las dos características principales de un juez íntegro: independencia e imparcialidad, hay algunos que no se desvían del camino de la ética.

El caso de los líderes ambientalistas de Santa Marta, Cabañas, acusados por un homicidio cometido en 1989, se ha convertido en una vitrina de las arbitrariedades características del estado de excepción. Durante los casi ocho meses que estuvieron detenidos, los acusados sufrieron maltrato, hambre y hacinamiento. Tan escandalosas y numerosas han sido las irregularidades que rodean al caso que este alcanzó trascendencia internacional. Así lo atestiguan los dos pronunciamientos de la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la carta en la que 17 congresistas estadounidenses le solicitaron al secretario de Estado de su país que abogara por los detenidos y el respaldo de más de 250 ONG del extranjero que han acompañado la lucha de la comunidad de Santa Marta por obtener justicia.

Jurídicamente, el caso no parece tener asidero. Probablemente porque no puede probar la participación de los detenidos en el delito del que los acusa, la Fiscalía no apeló la decisión de la jueza de instrucción de Sensuntepeque de cambiar la detención preventiva por arresto domiciliar. Además, las contradictorias declaraciones de un testigo, cuya identidad se desconoce por estar bajo régimen de protección, en lugar de apuntalar la acusación la han debilitado. Algo a lo que también ha contribuido la infructuosa búsqueda de los restos de la mujer asesinada. No hay indicios razonables para seguir el proceso. La solicitud de la defensa de un sobreseimiento definitivo amparado en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, a la que la Sala de lo Constitucional devolvió la vigencia con la anulación de la ley de amnistía, pone a prueba al sistema judicial.

La justicia debe sancionar a quien viola la ley y proteger a las personas a las que se les acusa sin fundamento. En una democracia verdadera, no se castiga la crítica que ejerce la ciudadanía a las acciones del Estado, sean cuales sean. Pero en un país de gobierno dictatorial, la ley cae pesada sobre aquellos que señalan los abusos e ilegalidades del poder. Los ambientalistas detenidos han jugado un papel clave en la lucha contra la minería metálica, que una vez más busca instalarse en el país. Todo apunta a que ese ha sido en verdad su delito.