A vueltas con la justicia

La justicia tiene muchas facetas. Desde la justicia social, que trata de universalizar los derechos humanos básicos, hasta la penal, que debe ser la última opción para enfrentar conflictos en una sociedad civilizada y democrática. Cuando en El Salvador se habla de justicia, se suele hacer referencia al sistema que busca restablecer el derecho de las víctimas y castigar a los victimarios; es decir, el sistema judicial y de persecución del delito. A este respecto, vale la pena una reflexión.

En el país, la Policía es la institución que inicia los procesos de justicia. A ella se le presentan generalmente las denuncias. Y después de una indagación previa, pone el caso en conocimiento de la Fiscalía General de la República, para que esta dirija la investigación y la lleve acusatoriamente ante un juez. Pues bien, la PNC ha ido caminando en medio de grandes dificultades y hay agentes realmente buenos. Pero está enferma. El corporativismo, las alianzas en casi todos los niveles, la escasa capacidad de las instancias de investigación interna y la tendencia a encubrirse unos a otros son males muy fuertes en la institución. Basta ver las reacciones contra quienes acusan a un miembro de la corporación y los recursos que se emplean en defender a policías acusados de delitos graves.

Ciertamente, se ha avanzado en la investigación de las ejecuciones extrajudiciales, pero de manera insuficiente. Los abusos son frecuentes y las sanciones son escasas. Que el mismo Fiscal General haya sugerido que la lentitud de la investigación del caso de Carla Ayala puede deberse a la facilidad de la Policía para ocultar datos ilustra con claridad la situación. Los jefes de la PNC suelen estar abiertos al diálogo con instituciones que defienden los derechos humanos; el problema es que dicho diálogo no suele tener efectos inmediatos.

Por otra parte, no hay duda de que el actual Fiscal General le ha dado un impulso positivo a la institución que dirige. Sin embargo, ampliar su tiempo en el cargo, dotar a la Fiscalía de mayores recursos y crear un cuerpo de investigadores propio son acciones urgentes para fortalecer la persecución del delito. En correlación con ello, es también imprescindible apuntalar la Procuraduría General de la República. El derecho a la defensa está consagrado en la Constitución, pero no puede haber defensa técnica adecuada cuando cada defensor atiende un número exagerado de casos. Además, entre los jueces aún se encuentra a muchos de escasa formación y peor práctica. La libertad y la independencia judicial tienen serias cortapisas ante presiones tanto internas como externas al sistema judicial.

Al final, son los más pobres los que se encuentran desprotegidos por el sistema de justicia y de persecución del delito. Quien carece de recursos es sumamente vulnerable frente a un sistema lento, que no toma en cuenta a la víctima, en el que reina la desconfianza, donde la presunción de inocencia se echa de menos y en el que solo el dinero y las influencias logran acelerar los procesos. El porcentaje de delitos que llegan a condena contrasta con la cantidad de los que permanecen en la impunidad. Las redadas masivas, los testigos criteriados, el excesivo protagonismo de la Policía sin una adecuada supervisión interna mantienen al sistema en una situación deplorable.

Por supuesto, el sistema judicial y de persecución del delito no puede funcionar adecuadamente cuando la justicia social es deficiente. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, el machismo, el culto a la fuerza bruta, el hacinamiento carcelario y las pocas acciones en el tema de la rehabilitación frenan las intenciones y esfuerzos de los funcionarios decentes. En este sentido, debe darse, de una vez por todas, un cambio cultural y social para que, a partir de la justicia social, haya justicia legal decente para todos los salvadoreños.