Es cada vez más aceptado que los países solo podrán caminar hacia el desarrollo si invierten en su gente. Y la mejor forma de invertir en las personas es la educación. Por desgracia, el imperio de la ideología neoliberal en las políticas públicas y económicas provocó que en las dos últimas décadas la mayoría de los Estados disminuyeran los presupuestos públicos dedicados a la educación. El Salvador no fue la excepción: el presupuesto dedicado al ramo es muy exiguo. Incrementarlo permitirá llevar adelante los diversos planes para mejorar la cobertura y la calidad del sistema educativo público y trabajar en pro de la dignificación magisterial; en especial, el proyecto de las escuelas de tiempo pleno, que, además de mejorar la calidad educativa, posibilitará ofrecer una educación más integral. En las zonas rurales, donde el rezago educativo es problema histórico, este programa contribuiría a elevar el nivel de la educación hasta equipararlo con el de las ciudades. Y en estas, las escuelas de tiempo pleno podrían ser un excelente programa de prevención de la delincuencia juvenil. Es a este tipo de programas de prevención a los que hay que dar prioridad, pues ponen a los niños y adolescentes en manos de verdaderos educadores, que conocen la psicología infantil y juvenil, disponen de las herramientas pedagógicas adecuadas, saben cómo motivar a los estudiantes y conocen los valores en los que debe sustentarse nuestra sociedad.
Además de todos los esfuerzos que hay que realizar para la educación primaria y secundaria, es muy importante que se piense en serio en incrementar el acceso a la educación superior y acercar esta a las zonas rurales. En esta dirección, es muy loable el esfuerzo de creación o mejora de los institutos tecnológicos departamentales y de los "Megatecs", que imparten carreras técnicas en zonas rurales. Lo importante es que dichos institutos estén ubicados en áreas donde no hay acceso a la educación superior, donde las posibilidades de estudiar son muy limitadas y abunda la pobreza. Actualmente, son cinco los departamentos que ya cuentan con estos institutos: Cabañas, Chalatenango, Sonsonate, Usulután y La Paz. Lo ideal es que, a través del financiamiento del Estado, cada departamento cuente con un centro de este tipo. En esta línea, una cuestión a resolver es el transporte. Dado que los institutos se ubican en las cabeceras departamentales, los jóvenes estudiantes deben trasladarse desde sus comunidades, lo cual en muchos casos no es fácil y tiene un costo elevado, lejos del alcance de este sector de la población.
Junto a la iniciativa de los Megatecs, hay que acercar las universidades a la zona rural. Actualmente, llegar a la universidad es un sueño imposible para los jóvenes de las zonas rurales que han finalizado el bachillerato. En primer lugar, porque apenas hay oferta universitaria fuera del área metropolitana de San Salvador, San Miguel y Santa Ana. En segundo lugar, porque el costo de la educación superior privada está fuera del alcance de la economía de las familias rurales. Y finalmente, porque si logran ingresar a una universidad lejana a sus lugares de origen, los jóvenes no tienen los recursos para pagar hospedaje y manutención fuera del hogar familiar. Por ello es urgente que se ofrezca un programa de becas dirigido exclusivamente a los jóvenes de los sectores rurales que tengan el deseo y la capacidad de realizar estudios universitarios. Las becas deberían permitirles sostenerse fuera de su hogar y estudiar en la universidad de su elección.
Ante la ausencia de alternativas, algunas comunidades rurales se han organizado para buscar vías que les permitan a los jóvenes seguir preparándose en la universidad. Por ejemplo, la comunidad de la parroquia de Arcatao, Chalatenango, buscó la solidaridad de organizaciones altruistas y, con el apoyo de estas, logro montar en San Salvador una pequeña residencia universitaria para casi cincuenta de sus jóvenes que se están preparando universitariamente. Pero este es un caso difícilmente replicable; sin apoyo gubernamental, siempre estará limitado a beneficiar a un pequeño grupo.
Trabajar por un desarrollo verdaderamente inclusivo supone romper con la estructura tan centralizada de la educación superior y ofrecer alternativas de la misma en las zonas rurales. La creación de universidades estatales en los departamentos más alejados de la capital es una necesidad impostergable. Los jóvenes del sector rural tienen el mismo derecho a estudiar que los de las ciudades.