Afán de venganza

Poco se sabe de las 87 personas que fueron asesinadas en los tres últimos días de la semana pasada, menos aún de las razones por las que acabaron con su vida y quiénes fueron sus victimarios. Parece que tampoco importa mucho, pues las autoridades no han visto necesario investigar a fondo cada una de esas muertes. La preocupación mayor no es la vida segada de cada una de las personas asesinadas ni el dolor de sus familias; lo que preocupa es lo abultado del número de homicidios. Un número que niega la existencia de una verdadera política de combate al crimen y que pone en evidencia el fracaso gubernamental en materia de seguridad pública. Con esta ola de asesinatos, ya son tres las ocasiones en los últimos doce meses que se produce un incremento súbito de los homicidios. Además, la cifra promedio de homicidios diarios ha ido aumentando paulatinamente desde el año pasado.

La respuesta ha sido decretar estado de excepción y poner en marcha un gran operativo de las fuerzas de seguridad —probablemente el más grande de la última década— con el fin de capturar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, en cuatro días han capturado a dos mil quinientas personas, en su mayoría jóvenes de barrios pobres y marginales acusados de ser pandilleros. Unos posiblemente sean parte de esos grupos criminales, pero muchos otros el único delito que han cometido es ser pobres y vivir entre pobres.

La acción del Gobierno obedece más a un afán de venganza que de justicia. Esto se manifiesta tanto en las miles de detenciones arbitrarias e indiscriminadas efectuadas con violencia como en los mensajes de las cuentas sociales de las autoridades, incluyendo la del presidente. Solo un afán de venganza explica la imposición de castigos masivos, independientemente de la responsabilidad individual en los homicidios ocurridos el fin de semana. Castigos a los privados de libertad, negándoles el sol y la alimentación; castigos a las familias de los barrios pobres y estigmatizados; castigos a miles de jóvenes por el hecho de ser jóvenes; acusaciones a los defensores de los derechos humanos; permiso a las fuerzas de seguridad para el uso letal de la fuerza.

Estos hechos han causado una enorme preocupación porque no resuelven el problema; son solo una reacción coyuntural. Una vez más se aplican medidas que han mostrado su fracaso a lo largo de los más de 20 años de combate a las pandillas. Medidas que lejos de acabar con este flagelo, lo han fortalecido. Las redadas masivas, el uso indiscriminado de la fuerza, la violación a los derechos humanos, la mezcla de inocentes con culpables, la estigmatización de los barrios pobres y de ciertas comunidades son prácticas a las que también recurrieron los Gobiernos de Arena y del FMLN sin obtener ningún resultado. Causan preocupación porque pagan justos por pecadores, se fomenta el odio entre hermanos y se refuerza la idea, en una sociedad de por sí violenta, que la fuerza es la forma idónea para solucionar los problemas. Tampoco resolverá el problema ninguna de las nuevas leyes ni ninguna de las reformas. Mucho menos la adquisición de más armamento para el Ejército y la Policía.

La criminalidad en El Salvador es un asunto complejo. Su solución pasa por abandonar la cultura de la violencia a todo nivel y ofrecer a los jóvenes horizontes y oportunidades que eleven su autoestima de forma constructiva. Pasa por intervenir en las zonas de exclusión y violencia con trabajadores sociales, psicólogos y educadores que posibiliten la integración familiar y social de sus habitantes. Pasa por acabar con la injusticia social que le niega cualquier oportunidad de desarrollo a una mayoría de la población. Pasa por ofrecer oportunidades laborales y proyectos de vida que respondan a la dignidad de todo ser humano. Esta es la apuesta que debe hacer El Salvador si quiere vivir en paz y libertad.