Afanes totalitarios

Las situaciones políticas en Venezuela, Nicaragua y Honduras tienen aspectos comunes. Los tres países tienen Gobiernos inconstitucionales, pues están bajo el control de mandatarios que para mantenerse en el poder han violado la Carta Magna de su nación y han quebrantado el Estado de derecho. Además, en los tres se están violando los derechos humanos de la población, principalmente el derecho a la libertad de expresión y a elegir libremente a las autoridades. Son Gobiernos antidemocráticos que han mostrado una clara vocación totalitaria, irrespetando la voluntad popular, ejerciendo la violencia contra la oposición y la población que defiende sus derechos. En definitiva, son regímenes que tienen total control del poder político y que están dispuestos a eternizarse pase lo que pase y a costa de las libertades ciudadanas.

Ahora bien, teniendo tantas similitudes en cuanto al irrespeto a la democracia y los derechos humanos, no comparten la misma ideología política. Mientras Nicolás Maduro y Daniel Ortega se autoproclaman de izquierda, el de Honduras es un gobierno de derecha. Sin embargo, cada uno de ellos es defendido a ultranza por sus pares ideológicos de otros países y atacado por los contrarios. A nivel internacional, Estados Unidos condena los abusos gubernamentales en Venezuela y Nicaragua, mientras apoya y reconoce como legítima la administración de Juan Orlando Hernández, en Honduras. En El Salvador, mientras el FMLN defiende a Maduro y Ortega, Arena lo hace con Hernández.

Desde una perspectiva democrática, es inaceptable reconocer y apoyar a cualquiera de estos tres Gobiernos. Aunque los tres hayan surgido de elecciones en las que en apariencia contaron con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos que fueron a votar, la realidad es otra. Los comicios que han renovado en sus cargos a Maduro, Ortega y Hernández fueron fraudulentos e inconstitucionales. Maduro sacó de la contienda a varios líderes opositores y cambió la fecha establecida para realizar las elecciones presidenciales, adelantándolas sin una justificación de peso, más que el afán de sorprender a la oposición y de ese modo asegurarse un triunfo por falta de opciones electorales. Antes quebrantó la Constitución negándose a realizar el plebiscito que solicitaba la oposición e irrespetó la voluntad popular convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, para anular una Asamblea Nacional controlada por los partidos de oposición y surgida de una elección con amplia participación.

Daniel Ortega manda hoy porque violó en dos ocasiones la Constitución de su país, que prohíbe la reelección consecutiva de un presidente. El que alguna vez dijo ser revolucionario lleva tres períodos seguidos en la Presidencia. Para poder presentarse a las elecciones de 2011 y de 2016, recurrió a un fallo de una Corte Suprema de Justicia controlada por él. La Corte declaró que el principio de no reelección violaba el derecho personal del ciudadano Daniel Ortega. Ejemplo que siguió a pies juntillas Juan Orlando Hernández para postularse a un segundo período presidencial y reelegirse con un fraude electoral. Primero nombró una nueva Corte Suprema de Justicia, asegurándose de que quedara integrada por personas bajo su control, y posteriormente presentó un amparo ante la misma, señalando que el principio de no reelección presidencial afectaba su derecho de ciudadano a ser presidente.

Que el FMLN apoye de forma incondicional a Maduro y a Ortega, y que Arena lo haga con Hernández es peligroso y supone una contradicción con los principios democráticos que ambos partidos dicen defender. No se puede tildar de intento de golpe de Estado la lucha de los estudiantes por sacar del poder a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Su lucha es un movimiento popular para recuperar la democracia, para remover del poder a quien lo ostenta indebidamente. En Honduras, Hernández le arrebató la presidencia a Salvador Nasrralla, y son ciudadanos quienes siguen luchando en defensa de la voluntad popular expresada en las elecciones de noviembre de 2017, en las que el fraude impidió la victoria de la Alianza de la oposición contra la dictadura.

El Salvador debe aprender de estas lecciones. En este sentido, es absolutamente indispensable contar con una Corte Suprema de Justicia y un Tribunal Supremo Electoral verdaderamente independientes de todo poder político, fáctico y económico, a fin de que puedan garantizar las libertades políticas, el cumplimiento de la Constitución y el respeto a la voluntad popular.