Agua, política, dinero

Si hay un tema que en los últimos tiempos ha unido ánimos y apoyos diversos es el del agua. No es para menos. En El Salvador está a la vista la crisis ambiental, especialmente en materia de recursos hídricos. Más de 130 organizaciones sociales de diversa índole han apoyado la lucha social por incluir en la Constitución el agua como derecho humano y por una Ley General de Aguas que sea consecuente con ello. El derecho humano al agua ha unido a Iglesias cristianas históricas, a universidades, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a colegios, estudiantes, fundaciones y a una larga lista de actores. Se han presentado cientos de miles de firmas de apoyo, se han suscrito decenas de comunicados, se han realizado movilizaciones, se han publicado estudios con evidencia científica y empírica, pero nada ha hecho que los que ven al agua como mercancía renuncien a hacer negocio con ella.

A nivel internacional, en 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció al agua como derecho humano y como condición indispensable para el cumplimiento de otros derechos. El director general de la FAO, relatores por el derecho humano al agua de instancias supranacionales, congresistas estadounidenses y, muy recientemente, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos han hecho llamados a los tomadores de decisión salvadoreños para que actúen en el mismo sentido, pero la coraza es dura y la mezquindad inagotable. Solo el crecimiento de la conciencia ciudadana sobre la necesidad y urgencia de defender el agua ha impedido que los diputados aprueben una ley en la que el ente rector del agua sirva a los intereses del lucro.

La última movilización social se dio a mediados de 2018, cuando la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa hizo suya la Ley Integral del Agua, presentada por los partidos de derecha y respaldada por la gran empresa privada. La oposición ciudadana se debió, sobre todo, a la pretensión de que la empresa privada sea parte de la autoridad hídrica nacional. Después de movilizaciones multitudinarias, la presidenta de la Comisión decidió dar por muerta la discusión. “No veo las condiciones. Mientras se antepongan los intereses políticos, [la ley de agua] es un tema perdido”, dijo, y se detuvo la discusión de la ley. Ahora hablan de comenzar de cero y han presentado una ruta de trabajo, de tal modo que la ley esté aprobada en 33 semanas. ¿Esto quiere decir que ya hay condiciones? Si es así, ¿cuáles son?

Las que están dadas son las condiciones de respaldo social a que el ente rector del agua sea estatal y al reconocimiento constitucional del agua como derecho humano. En la última encuesta del Iudop, de evaluación del año 2019, 90 de cada 100 encuestados consideraron que la aprobación de la Ley General de Aguas es muy o algo urgente, y un 84% dijo que el ente rector debe ser estatal. Las organizaciones y actores sociales respaldan una ley con un ente rector estatal que impulse que el agua sea gestionada integralmente con enfoque de cuenca, que propicie la participación ciudadana y que no permita la administración del agua con afán de lucro. Esas son las condiciones por las que la mayoría de la sociedad salvadoreña se ha decantado. Si la discusión en la Asamblea se termina orientando a la aprobación de una ley que responda a lógicas e intereses privados, los diputados habrán abierto un foco de conflicto. No basta con decir que el agua es un bien público, un derecho humano; esos principios deben quedar plasmados en la ley. Todo lo demás es simple discurso, palabrería hueca.