Ahora es cuando

Como suele suceder en nuestro país, los aplausos y las críticas a la más reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional que involucra al Presidente del Tribunal Supremo Electoral muy pronto se aplacaron, como llamarada de tusa. Y esto puede llevar a que se desaproveche la oportunidad de oro que se deslinda de la decisión judicial. El artículo 208 de la Constitución, que declara que tres de los cinco magistrados del Tribunal son elegidos a partir de las ternas propuestas por los tres partidos políticos que obtienen el mayor número de votos en la elección presidencial precedente, da lugar a más de una interpretación. Pero, como es sabido, en cuestiones de interpretación de la Carta Magna, la última palabra la tiene la Sala de lo Constitucional, y sus sentencias no admiten apelación.

La que comentamos ha sido, hasta el momento, la última de una serie de actuaciones de la Sala que han generado polémica, en uno y otro lado del espectro político. Antes, provocaron reacciones furibundas la medida cautelar que prohibía juramentar como diputado al Parlacen al expresidente Mauricio Funes y la declaración de inconstitucionalidad del traspaso de fondos de carteras del Estado para financiar el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno. Lo que subyace en las reacciones adversas a estas sentencias es el argumento de que antes se permitieron estas y peores cosas. Que otros lo hicieron antes es, por ejemplo, el argumento de China ante la exigencia de que reduzca la terrible contaminación ambiental que ocasiona su cada vez más gigantesca industria. La molestia es, entonces, de algún modo comprensible, pero, para avanzar, es necesario hacer mejoras en los modos de actuar, que no por ser parte de una tradición pueden calificarse de legítimos, legales o morales.

Más allá de estas molestias y reacciones destempladas, la más reciente sentencia de la Sala abre la puerta, y oportunamente, para implementar una reforma electoral que signifique un paso adelante en la democratización del país. O la sociedad y los partidos políticos aprovechan esta oportunidad o El Salvador tendrá que seguir esperando por la implementación de un cambio demandado desde hace muchos años. Hasta hoy, el Tribunal Supremo Electoral ha tenido dos funciones básicas: una administrativa, que comprende todo lo referente a la planeación, ejecución y dirección de las elecciones; y otra jurisdiccional, que consiste en impartir justicia electoral para garantizar el respeto a la ley y al Estado de derecho. Y es innegable el avance en la organización de los eventos electorales, desde su planificación hasta la transmisión transparente de los resultados. Sin embargo, en lo que a función jurisdiccional se refiere, el Tribunal siempre ha cojeado o, simplemente, no ha caminado.

En la elección presidencial de este año, los cuestionamientos al TSE vinieron precisamente por esa vertiente. Tanto la observación nacional como la internacional dieron fe de la transparencia, orden y limpieza del proceso. Pero no profundizaron en la función jurisdiccional del ente electoral, algo de lo que Arena y sus grupos de apoyo se valieron para intentar deslegitimar los resultados electorales. La sentencia de la Sala debería impulsar a la separación de las funciones administrativa y jurisdiccional. Arena, la gran empresa privada, Fusades y los que encabezaron este año los cuestionamientos a la labor del Tribunal deberían ser los más interesados en promover esta reforma.

La historia reciente ha demostrado que los partidos funcionan competentemente en la organización y fiscalización de los procesos electorales. Por eso, aunque lo ideal sería tener una institucionalidad electoral independiente, la función administrativa, por lo mostrado hasta hoy, podría quedar en manos de los partidos. Por otro lado, ahora es cuando se debe crear una instancia, integrada por personas independientes de los institutos políticos, que se encargue exclusivamente de impartir justicia electoral. México, República Dominicana, Uruguay, Argentina y Chile —por citar casos de este continente— dieron el paso hace tiempo. Separar las dos funciones que ahora tiene el Tribunal en dos instituciones especializadas es el mejor fruto que puede sacarse de una situación que ha incomodado a algunos.