Al cabo de un año

Está muy cerca de cumplirse el primer año de gobierno del presidente Funes; es este, pues, un buen tiempo para evaluar su gestión. En la UCA, como ya es tradición, esta evaluación se ha hecho con la ayuda del IUDOP, que realizó una encuesta de opinión pública con el fin de conocer el sentir de la población sobre la situación del país al finalizar el primer año de la administración Funes. El sondeo ha proporcionado información que merece ser comentada.

Para los salvadoreños, los dos grandes problemas del país son —en orden de importancia— la inseguridad ciudadana y la economía familiar. Desde hace varios años, ambos llevan ocupando los dos primeros lugares en la lista de las preocupaciones ciudadanas; alternándose en el primer y segundo puesto según la coyuntura resalte más uno que otro. Estos ni son problemas nuevos, ni están desconectados entre sí, ni han logrado ser superados por alguna de las administraciones del Estado. Pero ello no puede servir de excusa para que las cosas sigan mal.

En esta ocasión, seis de cada diez entrevistados consideran que la delincuencia y la criminalidad componen el principal problema del país, alcanzando uno de los porcentajes más altos de nuestra historia reciente. Ello responde a una realidad objetiva: el número de personas que han sido víctimas de un acto delincuencial ha crecido hasta alcanzar el 24.6%, tres puntos más que en la encuesta realizada hace seis meses, en noviembre del año pasado, y ocho puntos más que en el estudio de hace un año. Este incremento tan significativo muestra que las medidas que se han implementado para controlar la delincuencia y el crimen no han funcionado.

Según la población que ha sido víctima de un acto delictivo, los dos crímenes que más se han incrementado son las extorsiones y el cobro de "renta". Estos delitos, que tradicionalmente se han vinculado a las maras, representan una tercera parte del total de hechos delictivos reportados en el estudio. Al respecto, recientes investigaciones apuntan a que la extorsión única proviene de grupos criminales no relacionados con las pandillas. Grupos que, aprovechando la impunidad en que vivimos y los altos niveles de miedo que la extorsión genera en las familias, cometen este crimen porque es sencillo, poco riesgoso y muy rentable.

Si las fuerzas de seguridad pública fueran capaces de enfrentar las extorsiones, controlarlas y erradicarlas, la inseguridad ciudadana disminuiría radicalmente. Para ello se requiere de la colaboración estrecha de la población y de una mejora sustancial en la capacidad investigativa de la PNC. Si la población no denuncia estos hechos, no es posible combatirlos; pero si los denuncia y la Policía no actúa o actúa sin resultados, nada cambia.

Así, la solución a este delito relativamente nuevo en nuestra sociedad pasa por dos vías complementarias. Por un lado, la población debe ser educada para saber cómo actuar ante una extorsión. Una actuación en la que es fundamental la denuncia, la calma y la contención, pues se ha comprobado que, en algunos casos, es la propia víctima llevada por el miedo quien proporciona información clave al extorsionador. Por otro lado, y aún más importante, es necesario que la PNC reciba capacitación especializada y disponga de las herramientas necesarias para combatir el delito.

La presencia del Ejército en las calles puede tener un papel disuasivo y puede dar confianza a la población, pero tiene sus límites. Para combatir verdaderamente a la delincuencia se requiere de policías, no de militares. Policías bien formados, bien pagados y altamente estimulados para desempeñar su papel con entrega, eficacia y responsabilidad.

Sin embargo, pese a este contexto, según el estudio del IUDOP, el presidente Funes finaliza su primer año con una buena evaluación. La población le otorga a su gestión una nota promedio de 6.78, la más alta obtenida por un gobernante salvadoreño luego de un año de gobierno. Aunque buena parte de los salvadoreños aún se siente esperanzada y confía en la capacidad del Presidente para enrumbar al país hacia un futuro mejor, muchos consideran que la situación es crítica para las familias salvadoreñas, esperan soluciones acertadas a sus necesidades y demandan la ejecución plena de las promesas hechas durante la campaña electoral. Al cabo de un año, ha llegado la hora de cumplir.