Al estilo escuadronero

El acto vandálico del que fue víctima la Asociación Pro-Búsqueda la semana pasada remite a la práctica, propia de los setenta y ochenta, de atemorizar, perseguir e incluso destruir a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Una forma de agresión que parecía ya superada en El Salvador, pero que por lo visto permanecía latente, dispuesta a resurgir en el momento en que sus ideólogos lo consideraran adecuado. El ataque a Pro-Búsqueda es un acto claramente intencionado, perpetrado con el fin de atemorizar a los miembros de la organización y poner obstáculos a su valiente trabajo en favor del esclarecimiento de los centenares de casos de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado.

Es evidente que no se trata de un hecho de delincuencia común, pues si de robar se hubiera tratado, los vándalos se habrían llevado parte de los equipos, mobiliario y vehículos de la institución, cuyo valor material es cuantioso. Pero no; los que irrumpieron a la fuerza en las oficinas de Pro-Búsqueda no mostraron interés en esas cosas. Su objetivo era claramente otro: destruir los archivos que contienen las evidencias de decenas de casos de desaparición forzada en los que están implicados exoficiales de la Fuerza Armada. Y les interesaba aún más dejar constancia de su fuerza y poder, y de hasta dónde están dispuestos a llegar en su perversidad. Por ello, su intención fue incendiar las oficinas de Pro-Búsqueda, con tres personas en su interior, que hubieran muerto calcinadas de no haber logrado soltarse y actuar rápidamente para impedir que el fuego se extendiera.

Tal y como afirma el Procurador de Derechos Humanos, "el hecho se asemeja a los atentados cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos durante la guerra civil que sufrió nuestro país en la década de los ochenta, ya que refleja una planificación previa distinta a la usualmente utilizada por la delincuencia común, y evidentemente tuvo como propósito principal la destrucción de archivos institucionales que registran investigaciones sobre casos relacionados a violaciones a derechos humanos".

Dado que las investigaciones realizadas hasta ahora señalan que los principales responsables de las desapariciones forzadas de niños y niñas en las zonas de guerra eran efectivos de la Fuerza Armada, es difícil no pensar que detrás de este acto criminal contra Pro-Búsqueda haya alguna responsabilidad castrense. Personas que hasta la fecha no han mostrado ninguna intención de colaborar con la Asociación Pro-Búsqueda ni con la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, creada oficial y legalmente para recabar información que permita encontrar a los cientos de menores de edad desaparecidos.

No debe perderse de vista que estas formas violentas e irracionales de actuar se reactivan en un momento crucial para El Salvador. Un momento en el que se está abriendo la posibilidad de encontrar nuevos caminos para esclarecer la verdad sobre los miles de casos de violación flagrante a derechos humanos por parte de las instituciones del Estado. Un momento en que se vislumbra la posibilidad de romper con la impunidad que por más de 30 años ha protegido a los perpetradores de delitos de lesa humanidad. Tampoco se puede pasar por alto que este acto terrorista se ejecutó en fecha cercana a la conmemoración del vigésimo cuarto aniversario de la masacre en la UCA.

Al igual que en el pasado, los violadores de derechos humanos se sirven de matones, de escuadroneros para atemorizar a la población; en este caso, a los miembros de Pro-Búsqueda. El hecho no solo es siniestro y condenable, sino vergonzoso, pues se ejerce contra una pequeña asociación de víctimas y familiares, una organización con escasos recursos, formada por gente humilde y sin poder, cuyo único fin es conocer el paradero de sus niños desaparecidos y acabar así con un sufrimiento y dolor de larga data. Pro-Búsqueda y todos sus miembros merecen la solidaridad y el apoyo de la sociedad salvadoreña. El acto terrorista que sufrió no solo debe ser denunciado, sino debidamente investigado y ampliamente repudiado. La sociedad salvadoreña no puede permitir el resurgimiento de este tipo de hechos; debe condenarlos con toda la fuerza posible para que les quede muy claro a sus instigadores que en El Salvador ya no hay lugar para ellos.

Este acto deja muy claro, además, que quienes cometieron crímenes en el pasado no se han arrepentido y están dispuestos a repetir sus violencias y ultrajes para impedir que se haga justicia. Queda claro, pues, quiénes son los que se oponen a que se cierren las heridas que el conflicto provocó en nuestra sociedad y hasta dónde son capaces de llegar para evitar que El Salvador transite por caminos de reconciliación y de paz verdaderos.