Alertas ante el autoritarismo

El Gobierno de Nayib Bukele ha insuflado nuevos aires en el país. Si la novedad tocará el fondo de los problemas nacionales más graves, se sabrá más adelante. Lo que no ha dejado dudas hasta ahora es la nueva forma de ejercer el poder, que en ocasiones ha coqueteado con el autoritarismo. Tres son las condiciones que favorecen que un Gobierno se vuelva autoritario: extendida corrupción en la clase política, desigualdad entre los ciudadanos y erosión de la seguridad y el orden. Las tres están presentes en El Salvador. En la encuesta del Iudop de mayo del año pasado, 36 de cada 100 encuestados expresaron que para que el país mejore es necesaria la llegada de un líder fuerte, externo a los partidos políticos, especialmente de Arena y del FMLN. En el sondeo poselectoral de marzo de este año, solo una cuarta parte (24.6%) expresó que la democracia es la mejor forma de gobierno. El terreno, pues, es fértil para que brote el autoritarismo.

La autoridad es una cualidad; el autoritarismo es el abuso de aquella. En el caso del Estado, la autoridad es un atributo que el derecho otorga y está muy vinculada a la búsqueda de la buena convivencia y el orden. Por eso, la autoridad se relaciona con la legitimidad. En nuestro país, la legitimidad está dada por la pluralidad política, el respeto a los principios de la democracia y del Estado de derecho, y la vigencia de los derechos fundamentales. El problema se da cuando la legitimidad entra en crisis y se inicia una deriva autoritaria. El líder autoritario, en líneas generales, no admite críticas, concentra todo o gran parte del poder en sus manos o en un reducido grupo, utiliza los medios de comunicación como herramientas propagandísticas y de culto a su persona, suprime los derechos humanos y la libertad, humilla y descalifica a sus opositores.

El ejercicio inconsulto del poder, la imposición del centralismo en la toma de decisiones y el sometimiento absoluto a una persona son signos que deberían encender las alarmas en quienes toman decisiones, en quienes las aplican y en los ciudadanos. Por salud de los gobernantes y de los gobernados, es preciso evitar, y eventualmente denunciar, toda dinámica que coloque a quien detenta el poder por encima de las leyes e instituciones del Estado, y que subordine el diálogo y el sano debate a sus caprichos, cambios de humor y trivialidades. Nuestra endeble democracia y la construcción de un futuro nacional incluyente, justo y en paz dependen de ello.