No queremos ofrecer en este editorial un programa completo contra la vulnerabilidad. Sería absurdo. Pero sí creemos que hay algunos temas que los salvadoreños tenemos que asumir y discutir en torno a nuestra realidad vulnerable, para poder llegar, cuanto antes, a verdaderos acuerdos de nación. Los ofrecemos a continuación sin pretender que sean los temas más importantes o los más urgentes. Pero creemos que sí son de necesaria discusión y planificación.
Seguimos deforestando el país a un ritmo superior al que repoblamos zonas vulnerables. Todavía se autoriza construir en zonas de ladera que contribuyen a que las correntadas de agua se vuelvan más violentas en su recorrido hacia el centro de zonas urbanas. La deforestación tiene que terminar y cierto tipo de construcciones de lujo en laderas cercanas a concentraciones humanas debe detenerse. Por otra parte, la pobreza obliga a muchos compatriotas a utilizar la leña en sus hogares y pequeños negocios. Es necesario apoyar desde el Estado alternativas de otras fuentes de energía sin dañar la economía de los pobres y contribuyendo a frenar el exceso de tala para leña.
Debemos proteger a las personas que viven en tierras productivas, como las del Bajo Lempa, de un modo prioritario. No puede ser que cada vez que llueve en exceso estos salvadoreños, que buscan producir para el país y que sobreviven en medio de grandes dificultades económicas, queden tan expuestos y olvidados. No puede ser que digamos que la mayor riqueza de El Salvador es su gente y que casi todos los años veamos a nuestros hermanos de zonas en riesgo sufriendo las mismas desgracias.
La infraestructura que se construya de ahora en adelante debe tener en cuenta nuestra vulnerabilidad. No solo puentes, carreteras, bordos de ríos, sino escuelas, lugares públicos que pueden paliar situaciones de desastre, deben ser planificados con la mayor garantía posible de resistencia al desastre, de cualquier tipo que este sea. Hay que garantizar que nuestra población no quede aislada en ningún momento. Las vías o modos de acceso a lugares en riesgo deben priorizarse tanto en su planificación como en su construcción. Somos un país pequeño, superpoblado, y la tarea no debería ser imposible.
Debe ofrecérsele vivienda digna a todos los salvadoreños. Especialmente, los que viven al lado de las quebradas urbanas o de cárcavas no previstas, siempre en riesgo, deben ser trasladados. Pero no a lugares lejanos a sus fuentes de trabajo. Si viven en quebradas es porque la pobreza les obliga a vivir cerca de donde pueden obtener alguna posibilidad de desarrollo y oportunidades. El Estado debería contemplar incluso expropiaciones de tierra urbana para este tipo de proyectos, construyendo edificios multifamiliares y facilitando el acceso a los mismos para quienes viven en lugares marginales.
Es cierto que todo esto cuesta dinero. Pero también es cierto que tanto el Estado como los sectores pudientes de El Salvador gastan demasiado dinero en actividades, e incluso lujos, que no son prioritarios si se les compara con las urgencias que sufren nuestros hermanos en pobreza. Las discusiones sobre impuestos son al fin de cuentas discusiones sobre lo que deben aportar al desarrollo quienes tienen más y han alcanzado un nivel de bienestar alto en parte gracias a su iniciativa y capacidad personal, pero también en muy buena medida gracias al trabajo, sudor y esfuerzo productivo de todos los salvadoreños. En ese contexto, tanto la austeridad del Estado como la mayor aportación de quienes tienen más se vuelven exigencias éticas indeclinables. Comenzar a actuar es necesario si no queremos ver, año tras año, cómo la creciente vulnerabilidad destroza toda posibilidad de desarrollo en nuestro país. O hacemos un esfuerzo común por vencer la pobreza, o la violencia, el desasosiego, la frustración y la falta de cohesión social seguirán siendo plagas que se unirán, destructivamente, a nuestra propia vulnerabilidad.