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Es innegable que el servicio de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es de muy mala calidad. Los cortes frecuentes y prolongados, las altas tarifas a pesar de un suministro no garantizado, las sospechas sobre la calidad del líquido y las múltiples fugas en las tuberías son señalamientos constantes de la población. El acceso al agua potable es un derecho humano y condición imprescindible para una adecuada calidad de vida. Por ende, garantizar un continuo y adecuado suministro a un precio razonable debería ser una de las principales preocupaciones de cualquier Gobierno que en verdad tenga el propósito de servir a los ciudadanos.
La falta de agua en amplias zonas de El Salvador es cosa diaria. En el campo y en los asentamientos urbanos precarios, ello obedece principalmente a que no existen acueductos que lleven el líquido hasta los hogares; en las zonas urbanas, pese a existir un sistema de distribución formal, son muchas las comunidades, barrios —en especial, los populares— y residenciales que pasan días sin recibir agua o la reciben de forma irregular. Para la clase trabajadora y para los pobres, construir una cisterna es un sueño inalcanzable. Si ANDA tuviera en cuenta esa realidad y quisiera dar un adecuado servicio a los más necesitados, procuraría mantener abastecidas a las colonias más populares, en las que no hay posibilidad de almacenar agua en grandes cantidades, y racionaría el abastecimiento en los residenciales y apartamentos de lujo, pues estos cuentan con reservorios propios y, por tanto, sus habitantes ni siquiera se dan cuenta de si el servicio de agua es continuo o no.
Pero parece que las autoridades de ANDA piensan al revés: hasta la fecha, han optado por ofrecer un servicio continuo a las familias de mayores ingresos y uno irregular, llegando hasta el desabastecimiento, a las de menores ingresos. La preferencia por las familias de altos ingresos es tal que incluso se les favorece con la facturación; en algunas residenciales de lujo, el cobro por el servicio no se corresponde en nada con la mucha agua que consumen. Por ello no es extraño que en los últimos años las principales protestas en el país hayan tenido relación con la falta de agua. Que la gente salga a cortar la circulación vehicular en calles de gran tráfico en protesta por la falta de servicio da una idea clara de lo mal que está la situación.
El mal servicio de ANDA ha ido de la mano del perfil de sus presidentes y funcionarios, la mayoría colocados a dedo, en base a amiguismos y favoritismos, no por su capacidad técnica. Pero también es efecto de la corrupción al interior de la institución y de que no se han tomado las decisiones adecuadas. Al ser ANDA una empresa nacional que da servicio a todo el país, debería descentralizarse o, al menos, desconcentrarse, para acercarse lo más posible al usuario y así responder con prontitud a sus demandas. Es irracional y poco eficiente mantener centralizada la administración de una empresa de tan grandes dimensiones y tan alto número de usuarios. He acá un reto claro y de urgente solución para el Gobierno de Nayib Bukele. Enderezar ANDA y garantizar un adecuado suministro de agua potable sería, sin duda, uno de los logros que más agradecería la población.
