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Algunas de las últimas acciones de la Sala de lo Constitucional, ya sean sentencias en firme o la simple admisión a trámite de algunas demandas, han crispado los ánimos de altos cargos del FMLN, incluyendo al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. Las primeras críticas del mandatario hacia la Sala tuvieron lugar el 1 de mayo, durante el acto de celebración del Día del Trabajador. A partir de allí, la maquinaria del partido de izquierda inició una campaña contra cuatro de los magistrados, secundada por un coro de funcionarios, en la que se les acusa de pretender gobernar y, en especial, de dañar al país y al pueblo salvadoreño con sus actuaciones.
Las sentencias de la Sala que más contrarían al FMLN son fundamentalmente de tres tipos. En primer lugar, las que tienen que ver con los impuestos, es decir, aquellas relacionadas directamente con la disminución de ingresos para el erario nacional. Estas son las que han afectado al Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), al impuesto especial sobre las llamadas telefónicas por celular y la eliminación del tributo mínimo del 1% sobre los ingresos de las empresas. La lectura que la administración de Sánchez Cerén y el FMLN hacen de estas sentencias es que la Sala pretende limitar los recursos del Estado y negarle así al Gobierno los fondos que necesita para llevar adelante sus planes en beneficio de la población.
El segundo tipo de sentencias que se adversan son las referidas al tema electoral; entre ellas, la prohibición de que los funcionarios participen en las campañas electorales de sus partidos, la incorporación del voto por rostro y del voto cruzado, y la despartidización del Tribunal Supremo Electoral. En este caso, la lectura del Frente es que la Sala busca restarle poder, debilitar a los partidos políticos y beneficiar a Arena. Y el tercer tipo es el de aquellas que le impiden a la Asamblea Legislativa actuar inconstitucionalmente. Entre estas están las sentencias que obligan a despartidizar las instituciones del Estado dirigidas por funcionarios electos por los diputados, como la Corte de Cuentas, las procuradurías General de la República y para la Defensa de Derechos Humanos, y las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Son sentencias que afectan los intereses de los partidos, pues ya no pueden colocar a sus militantes en estas instituciones y así pierden poder de influencia sobre ellas. Es por ello que se afirma que van en contra del sistema de partidos y del derecho de todo ciudadano a la militancia política. Por su lado, la Asamblea se siente ofendida por la Sala porque ha estado acostumbrada a actuar soberanamente; le cuesta aceptar que sus actuaciones sean controladas por otro órgano estatal y ese control lo percibe como una intromisión en la independencia de los poderes del Estado.
En el afán de criticar a la Sala de lo Constitucional, se cargan las tintas y se acusa a los magistrados de la Sala de ser responsables del atraso en la obtención de los resultados electorales, de que el Gobierno no tenga los fondos necesarios para continuar los programas sociales, abastecer de medicinas a los hospitales, luchar contra la delincuencia... Acusar con mentiras o medias verdades supone mala intención y falta de ética, y eso no deben permitírselo quienes ocupan los más altos cargos de la nación. Desde el 1 de mayo hasta la fecha, las críticas y desacreditaciones dirigidas a cuatro de los magistrados de la Sala han llegado a niveles inimaginables. Tanto por el tono e insistencia como por la cantidad de funcionarios que han levantado la voz contra ellos, cabe hablar de que existe una campaña de acoso. Esto, por un lado, pone en riesgo la independencia de los poderes del Estado y, por otro, es una afrenta a la democracia y al debido respeto entre los órganos estatales. La democracia no es solo aceptar las decisiones judiciales, supone también respetar al juez que las dicta.
Este acoso tiene un claro objetivo: desacreditar ante la población a la Sala de lo Constitucional y a sus magistrados, y así presionarlos de tal modo que dejen de emitir sentencias que afecten el statu quo. Es evidente que la acusación más fácil de hacer desde el FMLN, y a la vez la más burda, es que los cuatro magistrados están trabajando bajo los lineamientos de Arena, que son parte de la estrategia de ese partido para impedir el éxito del actual Gobierno y así recuperar el poder en la próxima elección presidencial. Por su parte, Arena le ha hecho un mal favor a la Sala de lo Constitucional al aplaudir las sentencias que contrarían a su adversario y al tratar de sacar ventaja de la actitud hostil del FMLN hacia la instancia. Con ello ha dado pie a que algunos piensen que puede ser cierto que la Sala sigue las directrices de la derecha.
En este marco, los ánimos se han terminado de enardecer a raíz de la decisión de la Sala de aceptar una demanda contra la emisión de deuda pública por 900 millones, por las irregularidades que se dieron en el proceso de aprobación correspondiente en la Asamblea. En los reproches que se le hacen a la Sala a este respecto, se ponen las necesidades del país por encima de los reglamentos e incluso del cumplimiento de la ley. Si se está a favor de la democracia, si se quiere a El Salvador y si no se desea añadir conflictos innecesarios a los ya de por sí graves problemas nacionales, es el momento de parar este asunto, de dejar de acosar a la Sala de lo Constitucional y de evitar sacar réditos políticos de la cuestión. La Sala tiene una misión: defender la Constitución y los derechos y deberes de los ciudadanos que en ella están plasmados. Y debe hacerlo en estricto apego a principios jurídicos, cuidando de no cometer errores ni dejarse llevar por sus propias posiciones políticas. Es normal que se den sentencias que disgusten o contraríen al Gobierno, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos o ciertos sectores de la ciudadanía. Pero ello no debe impedir que se mantenga un trato respetuoso entre unos y otros. Es hora de que se abandone la lógica de la crispación y de que cada órgano del Estado haga su trabajo lo mejor posible, fiel a su misión. El país no está para seguirse desgastando en apagar fuegos fatuos.
