Antimilitaristas, a mucha honra

La historia contemporánea del país y algunas decisiones recientes del Gobierno nos motivan a reafirmar nuestro antimilitarismo, precisar a qué militarismo nos oponemos y cuáles son las razones que tenemos para ello. El militarismo es la ideología según la cual la fuerza castrense es la fuente de toda seguridad. De acuerdo a esta doctrina, los militares deben estar presentes en todos los ámbitos de la sociedad, pues son los únicos capaces de mantenerla a salvo, en orden, libre de peligros. Es precisamente esta visión militarista la que estaría justificando que la Fuerza Armada se involucre en tareas de seguridad pública y vuelva a tener el control del Organismo de Inteligencia del Estado, funciones de las que había sido apartada después de la firma de los Acuerdos de Paz. En un sistema democrático, y por ende antimilitarista, la seguridad pública debe estar bajo control civil.

El militarismo se impuso en El Salvador a partir de los años treinta, se consolidó en los sesenta y estuvo presente con gran fuerza hasta la firma de los Acuerdos de Paz. En esas décadas largas, los militares tuvieron el control total del Estado y de la sociedad. Durante más de 60 años, ocuparon ministerios y muchos de los altos cargos de la administración pública. Incluso tuvieron bajo su control a las empresas eléctricas y de telecomunicaciones, los puertos y aeropuertos, consideradas estratégicas en la lógica de la guerra.

En esos años de gobiernos militares, todos los cuerpos de seguridad estuvieron bajo su control y funcionaron con la estructura y lógica que caracteriza al Ejército, incluyendo la Policía Nacional,  la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional. Eso le permitió a la Fuerza Armada tener el control casi absoluto de la sociedad, imponer sus reglas y normas, persiguiendo a toda persona, movimiento u organización que no se sometiera a su autoridad. Y como si esto no bastara, organizaron grupos paramilitares que actuaron, con plena impunidad y talante represivo, como una extensión de las fuerzas de seguridad.

El Salvador sufrió un militarismo enfermizo y de vía sumaria. Enfermizo porque veía enemigos en todas partes; en abierta lógica totalitaria, se estaba a favor de ellos y de sus atropellos, o se era enemigo del régimen. Enfermizo porque operaba con la paranoia permanente de que todo el que reclamaba derechos o exigía democracia era comunista y, por tanto, enemigo de la patria. De vía sumaria porque, en la práctica, el Ejército, la Policía Nacional, la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional y los grupos paramilitares sustituyeron al sistema judicial; interpretaban la ley y la aplicaban a su modo; decidían quién era culpable y quién no, sin investigaciones ni juicios. Así, dictaron sentencias de facto; en el mejor de los casos encarcelando y en el peor ejecutando a inocentes sin derecho a una legítima defensa.

Fue ese militarismo enfermizo y criminal el que reinó en El Salvador por más de 60 años; en su última etapa, al mando del grupo castrense conocido como La Tandona. Fue ese militarismo enfermizo y criminal el que perpetró el asesinato, tortura y desaparición de miles de salvadoreños simplemente por oponerse a un régimen que atropellaba derechos fundamentales y se negaba a cualquier apertura democrática. Y fue ese militarismo el que impuso la vía de la guerra como único camino posible para resolver el conflicto político y social salvadoreño, que de ese modo se convirtió en una guerra civil.

El Salvador pagó un alto precio por la conquista de la democracia. Más de 10 años de guerra y más de 75 mil muertos. Ese fue el costo de oponerse a los militares, y es el porqué de nuestro antimilitarismo. Un antimilitarismo que no tiene nada de enfermizo, sino que parte de la sana actitud de buscar dirimir las diferencias por la vía del diálogo y la negociación. Una actitud fundamental para evitar que volvamos a cometer los errores y horrores del pasado. Tampoco es un antimilitarismo justiciero, porque no se toma la justicia por la propia mano, como hicieron por tantas décadas los militares, sino que pretende impulsar procesos judiciales en los que se puedan presentar las pruebas de los delitos cometidos y los acusados puedan defenderse de acuerdo a las leyes vigentes. Por todo esto, podemos decir que somos contrarios a todo tipo de militarismo y que solamente una decidida apuesta por los métodos democráticos de gobierno nos permitirá construir un país próspero, con paz verdadera y permanente.