Apuesta nacional por la educación

De sobra conocida es la importancia de la educación para transitar hacia el desarrollo y bienestar económico-social. Un pueblo sin acceso universal a una educación de calidad permanece sometido a la ignorancia, se empantana en los índices de desarrollo humano, se destaca por altas tasas de desempleo y de conflictividad social. Sin educación no se logra fortalecer la conciencia ciudadana democrática y construir un tejido social cohesionado alrededor de los derechos fundamentales. Cualquier persona con un mínimo de conocimiento sobre el tema, independientemente de su ideología y de sus opciones políticas, reconoce que la educación es un pilar fundamental para transformar la realidad de un país y superar la pobreza. No en vano el desarrollo del conocimiento es uno de los principales elementos dinamizadores de la economía mundial.

Todo indica que apostar por una mayor y mejor educación es lo único en lo que están de acuerdo todas las personas que toman las decisiones en nuestro pequeño El Salvador. Se puede diferir en las filosofías que están detrás de esa apuesta, en el camino a seguir para superar el rezago educativo, en si la educación es un medio o un fin, en si hay que iniciar cambiando los métodos o los programas, y en otras cuestiones de menor importancia. Pero más allá de todas estas diferencias, en la sociedad salvadoreña hay desde hace años un consenso importante sobre la necesidad de un sistema educativo que brinde acceso universal y garantice un alto nivel formativo, tanto en conocimientos como en desarrollo de destrezas y competencias.

Este consenso nacional hay que aprovecharlo para dar un salto cualitativo, para tomar decisiones que se traduzcan en políticas públicas concretas y para invertir más y mejor en educación. Es el momento de dejar a un lado las diferencias sobre los modos específicos de realizar esta transformación educativa y aunar esfuerzos para que esta sea una realidad. A lo largo de los últimos 22 años se han tomado decisiones y se han aplicado acciones muy importantes en esta dirección. Desde 1995 se han verificado avances en la cobertura de la educación pública a nivel nacional y se ha fortalecido el marco jurídico correspondiente en diversos aspectos.

Hoy, la cobertura a nivel de la primaria es del 100 por ciento. Y a esa ampliación han venido a sumarse los programas del paquete escolar y de la entrega de uniformes y zapatos que impulsa el actual Gobierno; programas que han tenido un fuerte impacto positivo entre las familias más pobres. A nivel presupuestario, se han dado también cambios importantes; el presupuesto dedicado a educación ha crecido del 2.3% del PIB en 1996 a 3.4% del PIB en 2012. Entre otras cosas, esto ha permitido mejorar —aunque no sustancialmente— los salarios del magisterio nacional. Sin embargo, el gasto público en educación sigue siendo bajo en relación al promedio latinoamericano. Todavía falta mucho por hacer. En especial, hay que cerrar la brecha educativa entre el campo y la ciudad; disminuir las tasas de rezago y deserción; garantizar que la mayoría de la población finalice los 11 años de escolaridad; universalizar la educación parvularia tanto a nivel urbano como rural...

La apuesta principal debe ser mejorar cualitativamente la calidad de la educación. Recientemente, después de 17 años, se actualizaron y reformaron los planes de estudio de los profesorados, lo cual puede significar una mejora importante en la formación de los docentes. La decisión de incrementar el tiempo de permanencia en la escuela de 4 a 8 horas diarias, con la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, es también un avance muy importante. Apoya esta búsqueda de la calidad educativa el esfuerzo del Ministerio para que las escuelas tengan acceso a las tecnologías de la información, dotándolas de computadoras e Internet. Muchas de estas acciones se están haciendo gracias al apoyo de la cooperación internacional. ¿Qué ocurrirá si esta llega a faltar?

Una educación de calidad para todos requiere no solo de muchos más recursos, sino también de que estos sean sostenibles a largo plazo. Sin un incremento significativo del presupuesto del Ministerio de Educación, no será posible construir el sistema educativo que se requiere para enfrentar los desafíos del mundo actual. Los expertos dicen que la inversión en educación de una sociedad no puede ser inferior al 5% de su producto interno bruto. Alcanzar esa cifra supondría casi duplicar la inversión actual y podría implicar sacrificios importantes. Pero invertir en educación es invertir en el futuro de El Salvador. Es necesario buscar los recursos para hacerlo; y si no hay otro camino, deberemos apretarnos el cinturón para lograrlo. Si de verdad hay consenso en que necesitamos un mejor sistema educativo, demostrémoslo liberando recursos dedicados a rubros no tan necesarios ni de la misma importancia. Además, un futuro mejor, una educación universal y de calidad ¿no ameritaría un impuesto especial? Decisiones como esta solo serán posibles con un consenso nacional. Si el consenso ya existe, ¿qué se está esperando?