A lo largo de los últimos 50 años, la educación superior en El Salvador se ha desarrollado por iniciativa particular y respondiendo a la demanda de una creciente población juvenil que busca continuar sus estudios al finalizar el bachillerato. Es por ello que en la actualidad la gran mayoría de universitarios cursan su carrera en instituciones privadas y deben costearse sus estudios con su propio esfuerzo o el de su familia. El Estado no ha tenido una política para responder a esta demanda a lo largo y ancho del territorio nacional; no ha creado suficientes instituciones públicas para facilitar el acceso a la educación superior. De no haber existido las iniciativas particulares, cada año solo habrían podido acceder a la educación superior entre 10 mil y 12 mil jóvenes, que es el cupo que ofrece la Universidad de El Salvador (UES).
Hoy en día, cada año ingresan a la educación superior un total de 35 mil personas, que representan apenas el 50% de los graduados de bachillerato. En 2016, según los últimos datos publicados, el 27.54% estudiaba en la UES y el 72.46% en universidades privadas. En su conjunto, la población universitaria es un poco menor a la de los estudiantes de bachillerato, pero apenas la mitad de los nuevos bachilleres ingresan a la educación superior. A la luz de estos datos, es indiscutible que los Gobiernos de la posguerra invirtieron pobremente en la educación superior, reduciéndose el financiamiento a sostener a la Universidad de El Salvador y a las becas para estudiar en los Megatech. Así, se ha excluido a los departamentos más pobres y a los salvadoreños de bajos ingresos, convirtiendo en un privilegio estudiar una carrera universitaria. No sorprende, por tanto, que solo uno de cada 10 salvadoreños haya concluido estudios superiores.
La ausencia de una política nacional de educación superior ha lastrado el avance de esta, ha impedido responder a las necesidades de desarrollo de la persona y de la sociedad salvadoreña, ha frenado la generación de conocimientos científicos y tecnológicos, y ha obstaculizado la vinculación de estos con los sectores público y productivo. Frente a esta realidad, la Dirección Nacional de Educación Superior, con el apoyo de Usaid, la UES, las universidades privadas acreditadas y otras entidades interesadas, impulsó en abril de 2016 un pacto para la construcción de una política. Después de dos años de intenso trabajo, el 16 de agosto se presentó al Ministro de Educación la propuesta de Política Nacional de Educación Superior.
La propuesta busca transformar el sistema nacional de educación superior para que sea promotor del desarrollo nacional con equidad, productividad e innovación; forme profesionales que sean ciudadanos responsables y comprometidos; favorezca el progreso científico; y permita promover una sociedad del conocimiento comprometida con el bien común. Para ello, se propone, primero, implementar una nueva gobernanza de la educación superior y un sistema que garantice la calidad de todas las instituciones del sector sin excepción; segundo, ofrecer los medios necesarios para acceder a estudios universitarios en igualdad de condiciones, aumentando la cobertura territorial y creando un programa nacional de becas para la población de bajos ingresos; tercero, asegurar la formación integral y la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social; cuarto, potenciar el desarrollo académico de los docentes e investigadores; y quinto, vincular la educación superior con el sector productivo para los procesos de transferencia de tecnología e innovación.
Esta propuesta de política, en cuya elaboración participaron los actores del área y del sector productivo, con el apoyo de los viceministerios de Comercio e Industria, y Ciencia y Tecnología, es un muy buen instrumento para sentar las bases de una nueva educación superior. Las universidades han hecho su trabajo. Ahora le toca al Gobierno asumir la política e implementarla; es decir, mostrar su voluntad de apostar por una educación superior que impulse el desarrollo humano, social económico y científico que tanto necesita El Salvador.