Armas de fuego, objetos de muerte

Hace algunos años, diversos grupos de la sociedad civil iniciaron una campaña para hacer conciencia sobre la amenaza que pende sobre la vida de los ciudadanos por la existencia de las armas de fuego, y, a la vez, abogar por que se prohíba la portación de las mismas. Cuando esta campaña se reactiva, o personas con autoridad moral y reconocido prestigio se suman a la misma, o se da la mínima señal de que se propondrán oficialmente medidas serias y eficaces para prohibir la portación, inmediatamente saltan los defensores de las armas, los que viven pegados a una pistola, oponiéndose rotundamente al desarme del país. Y el argumento que esgrimen es que con la prohibición se desarmaría a la gente buena y honrada, quedando armados sólo los que delinquen. En definitiva, dicen, la población quedaría indefensa ante los delincuentes.

Siempre nos ha parecido que este argumento no solo es débil, sino falaz; pues los datos de la realidad más bien revelan lo contrario. Estudios científicos realizados por organizaciones serias y competentes, como el PNUD, muestran que la portación de armas en manos de civiles es un factor que aumenta la violencia, la delincuencia y la inseguridad. Es por ello que, en general, las sociedades más violentas son aquellas que con mayor facilidad permiten el acceso de los civiles a las armas de fuego. Un ejemplo claro de esta relación lo encontramos en Estados Unidos. Un estudio realizado en 2007 por el Centro Nacional para la Prevención de la Violencia encontró una relación casi directa entre el número de armas en poder de la ciudadanía estadounidense, la ausencia o debilidad de las leyes sobre su control, y el número de muertes por armas de fuego.

En nuestro país, dos hechos recientes avalan con creces la necesidad de limitar o eliminar los permisos de portación de armas de fuego en manos de civiles. En ambos, vecinos "resolvieron" sus problemas asesinándose a tiros. Sin embargo, como todos sabemos, los hechos del 21 de agosto no son excepcionales en el país: se pueden contar por cientos los casos en que una persona presuntamente "buena y honrada" ha cometido homicidio con arma de fuego para dirimir sus conflictos con el cliente que le reclama, con el vecino que le pone la basura enfrente, con un vigilante que le impide el acceso, con el motorista que le chocó el vehículo...

No nos engañemos: en la mayoría de los casos, quien lleva consigo una pistola está dispuesto a usarla y es, por tanto, un homicida potencial, alguien que está dispuesto a hacer justicia (su justicia) por cuenta propia. Y quien la porta y no está dispuesto a utilizarla puede convertirse fácilmente en un proveedor de armas para los delincuentes, pues estos buscarán reducirle y arrebatarle el arma, uno de sus más apetecidos trofeos. Así, portar pistola, al contrario de lo que muchos creen, es causa de más inseguridad, tanto para el portador como para quienes le rodean.

A lo anterior hay que añadir una realidad alarmante: a finales de 2009, los registros oficiales contabilizan 215 mil armas de fuego, pero se calcula que el número de éstas en poder de civiles llega al medio millón. Es decir, más de la mitad de las armas en el país se encuentran en la ilegalidad. No resulta extraño entonces que, según estudios, el 76% de los homicidios que se cometen en el país se ejecuten con armas de fuego.

El desarme es, pues, imperativo. Y hay apoyo ciudadano para ello. En octubre de 2009, una encuesta del IUDOP mostró que el 60.9% de la población estaba de acuerdo con la prohibición de la portación de armas de fuego. En este sentido, si se hiciera un referéndum sobre el desarme de la sociedad, con toda seguridad ganaría el "sí". ¿No sería más correcto y democrático seguir la voluntad popular que desea el desarme que hacer caso a los intereses de los comerciantes de armas y de la minoría que cree que un arma le da mayor seguridad? Si sacar de circulación las armas de fuego es el mejor camino para disminuir la violencia, la delincuencia y los homicidios, ¿por qué seguir postergando la aplicación de una medida que con certeza hará de El Salvador un lugar más seguro? Es tiempo de que las autoridades y los legisladores tomen en serio el tema y cumplan el deber que tienen de proteger la vida de los salvadoreños. Es tiempo de poner en marcha, con carácter de urgencia, un plan integral y eficaz que conduzca al desarme efectivo de la sociedad salvadoreña. Es tiempo ya de vivir en paz.