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El bajo crecimiento de la economía de El Salvador no es noticia nueva. Desgraciadamente, esa dinámica económica es la misma desde hace años, desde los Gobiernos militares, pasando por los veinte años de las administraciones de Arena hasta llegar al día de hoy. El informe del PNUD sobre desarrollo humano señala que en los últimos 25 años el crecimiento promedio de la economía salvadoreña ha estado por debajo del latinoamericano. Es importante tomar nota de ello, pues algunos analistas y medios de comunicación quieren hacer creer que el bajo crecimiento es un mal reciente y que se debe a las políticas del Gobierno del FMLN. No es así: se trata de un problema atávico que, como afirman ciertos economistas, se debe al agotamiento del modelo económico imperante y a que no se ha tenido la capacidad de invertir en el bienestar de la gente.
Sin duda, este bajo crecimiento es uno de los principales factores que explican el poco desarrollo de nuestro país. Y es causa última de la migración de millones de salvadoreños y salvadoreñas a otros países en busca de empleo y de mejores condiciones de vida. El bajo crecimiento económico es también en parte responsable del endeudamiento y del alto déficit fiscal. Aunado a la falta de políticas de inversión en la gente, frena además la creación de empleos, obliga a que buena parte de la población recurra a la economía informal para sobrevivir y hace que permanezca insatisfecho el deseo de bienestar de la gente. Sin un mayor crecimiento económico y sin políticas redistributivas de la riqueza, El Salvador nunca superará la pobreza ni saldrá del subdesarrollo.
Para que haya crecimiento económico, se requiere inversión; si no hay inversión, la economía se estanca. La inversión, sea pública o privada, origina nuevas empresas, crea empleos, incrementa la producción, incide en un balance comercial sano, ofrece nuevos y mejores servicios. Y todo esto no se da en El Salvador por el serio déficit de inversión. No solamente es el país centroamericano con el nivel más bajo de inversión extranjera, sino también el que tiene el menor nivel de inversión privada de la región. Y esta poca inversión privada, en un país que tiene suficientes recursos para ello, es señal de la falta de patriotismo de aquellos que pudiendo invertir en el país y generar un mayor número de empleos no lo hacen porque prefieren no correr riesgos con su capital.
Por su parte, al Gobierno le corresponde impulsar políticas que estimulen la inversión privada, pero también dedicar una buena parte de los recursos estatales a la inversión pública. Para salir de la situación de estancamiento económico en la que estamos —que dicho sea de paso, no se debe principalmente a la crisis económica internacional—, es ineludible que aumente la inversión en nuestro país. Debe invertirse más en la gente, es decir, en educación, en salud, en protección social; y debe invertirse para incrementar la producción en todas las áreas de nuestra economía y para generar empleos decentes.
La ley de asocios público-privados sería un buen medio para incentivar la inversión, pero su anteproyecto lleva casi un año en la Asamblea Legislativa pendiente de discusión y no cuenta con el beneplácito del grupo legislativo del FMLN por razones muy discutibles. Para el Frente, esta ley es privatizadora y no estimula la inversión. Ambas afirmaciones son totalmente gratuitas. Porque este cuerpo legal se ha concebido precisamente para incentivar la inversión en actividades propias del sector público, propiciando el asocio entre el Estado y el sector privado, pero sin que el primero ceda la propiedad y el control sobre las mismas. Gracias a los asocios se podrán hacer inversiones que son necesarias para el desarrollo del país, pero para las cuales el Estado carece de recursos. Los asocios público-privados, bien reglamentados, con normas claramente definidas para primar los intereses públicos y el bien común, pueden constituir un camino para realizar más y mejores inversiones, mejorar la infraestructura del país y satisfacer urgentes necesidades nacionales que el Estado por sí solo no puede cubrir.
Ciertamente, el anteproyecto de ley de asocios público-privados presentado a la Asamblea no es perfecto. Pero puede y debe ser modificado y perfeccionado. De hecho, el Consejo Económico y Social ya le hizo propuestas al Ejecutivo para mejorarlo y proteger mejor los intereses generales del país. Estas propuestas de modificación están a disposición de los diputados y ojalá las tomen en cuenta. La Asamblea Legislativa debe aprobar una ley de asocios público-privados que garantice que tanto las pérdidas como las ganancias sean distribuidas equitativamente entre los socios; es decir, que los socios privados no se queden con las ganancias y el Estado con las pérdidas, como suele suceder.
Si hace 20 años hubiera existido una ley de asocios público-privados, hoy el Estado salvadoreño podría seguir controlando las telecomunicaciones y las empresas de distribución de energía eléctrica. No era necesario privatizarlas; hubiera bastado con asociarse con empresarios que dispusieran de los recursos y la tecnología para modernizar, mejorar y expandir esos servicios en la medida que el país lo requiriera. Alianzas público-privadas son las que han permitido poner en marcha los Megatecs y el funcionamiento del ITCA, y parece que el resultado no es simplemente bueno, sino muy bueno. ¿No es también una alianza público-privada el grupo de empresas Alba? Por lo que se sabe, el capital es en parte municipal, por tanto público, y en parte del FMLN, por tanto privado. Así como el FMLN ha superado antiguas ideologías para crear un grupo empresarial poderoso, debe superar también prejuicios trasnochados para establecer alianzas público-privadas para la inversión y el desarrollo de El Salvador.
