Ayotzinapa: lucha ejemplar contra la impunidad y por la justicia

En la noche del 26 septiembre, en Iguala, estado de Guerrero, México, seis personas fueron asesinadas y 43 jóvenes de la escuela normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos, con la participación o connivencia de las fuerzas policiales y autoridades del municipio. Desde entonces, la sociedad mexicana vive en la indignación y el dolor, pero también en una lucha frontal exigiendo que se esclarezcan los hechos y aparezcan los estudiantes. A lo largo de estos meses, las autoridades no han dado respuestas claras y creíbles de lo que sucedió esa noche en Iguala; lejos de ello, han recurrido a la mentira y la desinformación para tapar la responsabilidad y complicidad del Estado en este hecho tan dramático y cruel.

Lo ocurrido con los jóvenes de Ayotzinapa es parte de una situación de larga data, en la que el crimen y la violencia están cada vez más presentes en la vida del pueblo mexicano y han infiltrado sus instituciones. El caso muestra, por un lado, la incapacidad estatal de cumplir su misión fundamental de proteger la vida de los mexicanos y de llevar ante la justicia a los asesinos de miles de ciudadanos, cuyos crímenes quedan impunes. Pero también es la señal más clara de la complicidad del Estado y de sus instituciones en crímenes atroces. En el caso de Ayotzinapa están claramente involucrados el alcalde de Iguala y su esposa —ya capturados—, quienes dieron la orden de detener y desaparecer a los muchachos. También un violento grupo de narcotraficantes, vinculado casi orgánicamente a las autoridades locales, y es muy probable que haya más instituciones del Estado implicadas en estos crímenes.

Ante esto, la respuesta de la sociedad mexicana ha sido firme y ejemplar. La demanda de verdad y justicia no se hizo esperar y ha venido de distintos sectores del país. La Conferencia Episcopal Mexicana, las comunidades eclesiales de base, las instituciones académicas, los zapatistas y un sinnúmero de organizaciones sociales se han pronunciado culpando al Estado y a sus autoridades de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas. El comunicado de la Conferencia Episcopal Mexicana es contundente: “Los obispos de México decimos: ‘¡Basta ya!’. No queremos más sangre. No queremos más muertes. No queremos más desparecidos. No queremos más dolor ni más vergüenza. Compartimos como mexicanos la pena y el sufrimiento de las familias cuyos hijos están muertos o están desaparecidos en Iguala, en Tlatlaya y que se suman a los miles de víctimas anónimas en diversas regiones de nuestro país. Nos unimos al clamor generalizado por un México en el que la verdad y la justicia provoquen una profunda transformación del orden institucional, judicial y político, que asegure que jamás hechos como estos vuelvan a repetirse”.

Los obispos también valoran el papel de los ciudadanos en la crisis: “Vemos con esperanza el despertar de la sociedad civil que, como nunca antes en los últimos años, se ha manifestado contra la corrupción, la impunidad y la complicidad de algunas autoridades”. Además, la Conferencia hace un llamado a la búsqueda conjunta de un nuevo camino para México: “Estamos en un momento crítico. Nos jugamos una auténtica democracia que garantice el fortalecimiento de las instituciones, el respeto de las leyes, y la educación, el trabajo y la seguridad de las nuevas generaciones, a las que no debemos negarles un futuro digno. Todos somos parte de la solución que reclama en nosotros mentalidad y corazón nuevos, para ser capaces de auténticas relaciones fraternas, de amistad sincera, de convivencia armónica, de participación solidaria”.

Por su parte, el Colegio de México termina así su comunicado sobre el caso: “Nuestra consternación e indignación no son menores ante el resto del horror: decenas de cuerpos no identificados a lo largo del país, ciudadanos que mueren todos los días en circunstancias desconocidas y por los que absolutamente nadie responde; cientos de miles de vidas conquistadas por el miedo y el desamparo. Pero nosotros no nos cansamos”. Y como fruto de esa honda indignación, la sociedad mexicana no se ha quedado en las declaraciones, sino que se ha volcado a las calles para repudiar el crimen, exigir el fin de la impunidad y que se haga justicia. Esta lucha contra la impunidad es el elemento fundamental para que cesen los gravísimos crímenes que ocurren con frecuencia. Por ello los mexicanos exigen un Estado libre de corruptos e infiltrados, un Estado que cumpla con la misión que le corresponde.

Los salvadoreños tenemos que aprender de nuestros hermanos mexicanos, y tomar acciones más contundentes ante la situación de violencia que vive El Salvador y que parece imparable. Si no se ha avanzado más en el conocimiento de la verdad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años de guerra es porque nuestra sociedad no ha ejercido la presión suficiente. Y lo mismo ocurre con la actual situación de violencia: si no hay avances hacia una verdadera justicia y una eficaz persecución del delito es porque los salvadoreños no hemos presionado lo suficiente a las autoridades para que cumplan con su obligación de proteger la vida de las personas y aplicar justicia a los responsables de los crímenes. Al celebrarse un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no permitamos que estos sigan siendo mancillados; exijamos con fuerza que se respeten a cabalidad en El Salvador, en México, en el mundo entero.