Buena Ley, malos políticos

El año pasado, la ONG canadiense Centro para la Ley y la Democracia calificó a la Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador como la cuarta mejor del mundo en una escala global de acceso a la información. Para llegar a merecer tal título, la Ley atravesó un difícil, turbulento proceso. Primero, en 2010, hubo que modificar su anteproyecto para satisfacer las observaciones del Presidente. Después, en mayo de 2011, se aprobó, pero, a petición del mandatario, por considerar que el tiempo para su implementación era muy corto, se pospuso su aplicación para mayo de 2012. Y tres días después de entrar en vigencia, Mauricio Funes hizo uso de la facultad que él mismo se otorgó en el reglamento de la Ley y vetó discrecionalmente a los candidatos propuestos para formar parte del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Afortunadamente, el 5 de diciembre de 2012, parte de ese reglamento fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional. En síntesis, la sentencia de la Sala sienta posición en tres puntos. En primer lugar, el reglamento no puede establecer más casos de "reserva de la información" que los estipulados por la Ley. En segundo lugar, es inconstitucional recurrir a motivos de "seguridad nacional" y/o de "seguridad política" para negar acceso a información. Y finalmente, el Presidente no tiene la facultad de rechazar las ternas de las entidades encargadas de proponer a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, hace unos días el FMLN, GANA y Concertación Nacional aprobaron unas reformas que contradicen la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Las reformas planteadas por el FMLN y aprobadas por los tres partidos introducen el concepto de "seguridad presidencial", que blinda del escrutinio público a la figura del Presidente de la República y a los expresidentes. Además, transfieren a las entidades públicas el poder de decisión a la hora de nombrar a los candidatos del Instituto y le quitan a este la capacidad de dirimir conflictos de reserva de información, convirtiéndolo así en una instancia casi decorativa. El Instituto pasa a ser, por obra de estas reformas, un mero observador del cumplimiento de la Ley, pero sin autoridad para que se acate.

En otras palabras, lo que no pudieron hacer vía reglamento, lo lograron reformando la Ley. De esta forma, le han quitado la mordiente de transformación a la Ley y a su todavía inexistente Instituto. Y ello se hizo calcando el estilo con el que los Gobiernos de Arena aprobaron la dolarización, el Tratado de Libre Comercio y las privatizaciones: con dispensa de trámite y en horas de la madrugada. Y es que los vicios más rancios de la política vernácula siguen intactos, aunque hayan cambiado los protagonistas. Este madrugón es una manifestación más del afán de los partidos políticos de controlar, manipular y torcer la institucionalidad nacional.

Presentarse como un Gobierno transparente cuando al mismo tiempo se manipula la ley a conveniencia es tan hipócrita como rasgarse las vestiduras por el incumplimiento del laudo arbitral sobre La Geo mientras se desprecian las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública nos dejan a merced de lo que los funcionarios quieran informar. En el fondo, lo que se ha promovido es un giro de 180 grados en el principio que dio origen a la Ley: toda información es pública, excepto la reservada. Las reformas aprobadas suponen el principio contrario: toda información es reservada, salvo la que se decide publicar. De esta manera, la reforma va en contra del principio de máxima publicidad.

Si la verdad no es íntegra, se convierte en aliada de lo falso; una verdad a medias no es más que una mentira. La transparencia de la actividad pública es una manifestación y un requisito típico de los sistemas democráticos, y tiene como objetivo someter las actividades y resultados de los distintos poderes del Estado al escrutinio público. En un Estado democrático, los tres poderes deben regirse por el principio de publicidad. Pero en el país vamos en retroceso. Ante lo hecho, el Presidente solo tiene dos caminos: apoyar el esperpento antidemocrático sancionado las reformas o hacer valer el derecho humano a la información ejerciendo su poder de veto.

Ya monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, en su conferencia dominical del 10 de febrero solicitó al Presidente vetar las reformas a la Ley. Es importante que la sociedad civil haga suya la petición del arzobispo. La transparencia garantiza la participación ciudadana en el fortalecimiento de los valores democráticos y en la gestión de la cosa pública.  Los madrugones solo garantizan el cinismo y la impunidad.