Cimientos, no conflictos

El Salvador se encuentra en un momento de cambio: en poco más de dos meses, Nayib Bukele se convertirá en el mandatario de la nación, iniciando con ello una nueva etapa en la vida política salvadoreña. El resultado electoral que lleva a Bukele a la Presidencia de la República ha trastocado el mapa político; por primera vez en la historia, gobernará el país un presidente sin partido que lo represente en la Asamblea Legislativa. Si se asume que GANA y Cambio Democrático lo apoyarán dado que lo acompañaron en su candidatura, contará con el respaldo de solo 11 diputados. Ello podría llevar a un conflicto de al menos dos años (hasta las elecciones de 2021) entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa; un conflicto en el que esta última podría darse a la tarea de aprobar leyes o reformas que le dificulten el trabajo al Presidente. Ciertamente, dichas leyes o reformas podrían ser vetadas por el mandatario, pero la actual configuración de la Asamblea permitiría juntar los votos necesarios para superar cualquier veto.

Justo en este período de transición es que la Asamblea aprobó el incremento del Fodes y la ampliación de la cobertura para los hijos de los derechohabientes del ISSS. Dos medidas que en sí mismas son positivas, pero que no ocultan la intención de, por un lado, ganarse las simpatías de la población cotizante y, por otro, contar con más recursos para fortalecer el vínculo partidario con los habitantes de los municipios de cara a las elecciones de 2021. Llama la atención, además, que los mismos partidos que se han negado a incrementar los gastos del Estado y han exigido el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal aprueben hoy dos medidas que inevitablemente impactarán en las finanzas públicas. Esta política oportunista no es un buen augurio para la estabilidad y gobernabilidad del país, no toma en cuenta los principales problemas nacionales ni busca propiciar los cambios estructurales necesarios para una mayor equidad y justicia social.

Una transición política, especialmente después de un resultado electoral tan adverso para los partidos con representación legislativa, debería aprovecharse para sentar las bases para fortalecer el sistema democrático y viabilizar el futuro del país, no para generar tensiones o crisis innecesarias. Tanto el presidente electo como los partidos en la Asamblea deberían empeñarse en lograr un acuerdo de nación que apuntale el Estado de derecho y la institucionalidad democrática, garantice los derechos fundamentales de la ciudadanía y posibilite el desarrollo humano, dejando de lado los intereses propios y de grupos particulares. La principal preocupación debería estar, pues, en poner los cimientos de un futuro de inclusión, justicia y paz. Pasos en ese camino son construir un sistema de probidad que prevenga y combata la corrupción a todo nivel, pensar en la necesaria descentralización del Estado y aprobar una nueva ley de la función pública que garantice la meritocracia y ordene la burocracia estatal. El Estado debe ofrecer el mejor servicio posible a un costo razonable.

Igualmente necesario es emprender una reforma fiscal a profundidad que garantice los recursos que el país requiere para su desarrollo sostenible y para frenar el endeudamiento; definir las inversiones públicas de mayor impacto en la mejora de la calidad de vida de la población y en la creación de empleo; consensuar un plan para superar de una vez por todas la pobreza y la exclusión; echar a andar un programa integral de prevención y desarrollo local en aras a superar la violencia y la criminalidad que acosan a diario a la población; acordar ser firmes en el cuido y conservación del agua en particular y del medioambiente en general, e implementar acciones para reducir los efectos del cambio climático. Estos son algunos de los temas que deberían estar tratando la Asamblea Legislativa y el presidente electo en lugar de enzarzarse en una inútil dinámica de conflicto y desgaste.