Ciudadanos de segunda

En nuestro país hay una grave discriminación del sector rural, en concreto de sus trabajadores. Son tantos los elementos de esta discriminación que no se pueden enumerar en este breve espacio. Por eso, nos centraremos en dos de ellos: el salario mínimo agropecuario y la exclusión de los trabajadores del campo del sistema de previsión social. Desde 2011, el salario mínimo mensual agropecuario es de 105 dólares, el más bajo de todos los del país, no llegando ni siquiera a la mitad del establecido para la industria, que es de 219.30 dólares. Esta diferencia tan grande entre los salarios de dos actividades productivas no tiene explicación económica racional, pero ha sido una realidad histórica constante. El salario mínimo para el sector agrícola solo se definió hasta 1965, cuatro años después de haberse fijado el de los empleados del comercio. Con el paso del tiempo, la distancia entre ambos ha ido creciendo por la costumbre de aumentar el salario mínimo porcentualmente y no en base al costo de vida real.

¿Por qué el sector agropecuario debe tener un salario mínimo diferente? ¿Por qué esa diferencia debe ser tan grande? ¿Es que para los trabajadores agropecuarios el costo de la vida es menor? Cuando ellos van al mercado para adquirir todo lo que su familia necesita para sostenerse, vestirse, educarse y cuidar de su salud, pagan los mismos precios que todos los demás trabajadores. En este sentido, la diferencia de ingreso es discriminatoria, pues supone que el trabajo agropecuario tiene menos valor que el de otros sectores productivos. Y el problema no radica únicamente en esa diferencia, sino en el monto asignado, que no alcanza para lo que la Constitución manda: el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural. En 2009, por ejemplo, el precio de la canasta básica en el área rural aumentó un 127% respecto al año anterior, pero el salario mínimo subió solo un 5%.

Igualmente grave es que los trabajadores agropecuarios no gocen de los servicios de salud del ISSS ni reciban pensión al alcanzar la edad de jubilación. No tienen derecho a pasar consulta en el Instituto ni a recibir una pensión después de toda una vida de trabajo. El origen de esta discriminación tiene una fecha concreta. En 1978 se excluyó explícitamente de la seguridad social a los trabajadores agrícolas. Y la ley del Sistema de Ahorro para Pensiones estipuló que los trabajadores del sector serían incorporados por un reglamento específico y un financiamiento especial, lo cual todavía no se ha concretado, a pesar de que la ley es de 1998.

Ambos factores de discriminación, un salario mínimo diferente e insuficiente, y la exclusión de la seguridad social, se deben a que los Gobiernos de turno han privilegiado a la ciudad sobre el campo. Las políticas gubernamentales han tolerado la precariedad laboral y han favorecido a los trabajadores de las ciudades sobre los trabajadores del campo. A lo largo de la historia de El Salvador, los Gobiernos han actuado en defensa de los intereses de los patronos y empresarios agrícolas, en lugar de defender los de los trabajadores, tarea que la Constitución le asigna al Estado. Esto ha terminado por hundir al sector agropecuario; en los diez últimos años, por ejemplo, los trabajadores rurales pasaron de representar una tercera parte del total de los trabajadores del país a poco más de la décima parte.

A lo anterior se suma un contexto de radical abandono. El sector rural tiene un acceso muy limitado, o simplemente no lo tiene, a los servicios públicos. Ni la salud, ni la educación, ni el transporte, ni las vías de comunicación, ni el servicio de agua potable son de igual calidad en el campo que en la ciudad, y eso cuando los hay. Esta grotesca y evidente discriminación no debe ser tolerada por más tiempo. Los trabajadores del campo no pueden seguir siendo tratados como ciudadanos de segunda clase. La Constitución declara que todos somos iguales ante la ley y que esta no puede autorizar ningún acto o contrato que implique la pérdida o el irreparable sacrificio de la dignidad de la persona. Un salario mínimo de hambre y la exclusión de la seguridad social son claras afrentas a la dignidad de los trabajadores agropecuarios, y una mancha vergonzosa en un país que pretende marchar hacia el desarrollo