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En el país, no es frecuente ver a líderes y feligreses de distintas confesiones religiosas, a miembros de diversas organizaciones de la sociedad civil y a militantes de partidos políticos de diferentes ideologías caminando juntos, vestidos del mismo color, unidos por el mismo objetivo: expresar públicamente su anhelo de paz y de justicia. Eso fue lo que se logró en la marcha del 26 de marzo. A pesar de la campaña de desprestigio por parte de unos pocos actores políticos y de la dirigencia empresarial, que contó con el espacio de los medios de comunicación a su servicio, la marcha fue un éxito. Nunca se dijo ni se pretendió que con ella se acabaría la violencia. Tampoco el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, organizador de la movilización, sostuvo que esta sería la única actividad para alcanzar un El Salvador seguro, como si de ella sola se fuese a desprender, como por milagro o por arte de magia, la solución al problema de la inseguridad. Esas fueron más bien las interpretaciones de los interesados en hacer fracasar la marcha. Tampoco esta fue planeada y organizada por el Gobierno, como repitieron machaconamente los grandes medios de comunicación. Con seguridad, que la marcha pudiese ser interpretada como un espaldarazo a la gestión del Gobierno fue la causa principal de la crítica a la actividad y de la ceguera en la que coincidieron, por enésima vez, la cúpula de la gran empresa privada y el partido Arena, que se quedaron al margen de la que probablemente ha sido una de las actividades de mayor consenso nacional desde los Acuerdos de Paz.
Por los informes que se conocen, las marchas en el interior del país fueron numerosas, aunque, como suele suceder, la atención se focalizó en la capital. Fue tan grande la demostración del pueblo salvadoreño que ningún medio se pudo quedar callado, aunque algunos muy probablemente lo desearon. Los más mezquinos hablaron de cientos de participantes, cuando, aun reconociendo lo difícil que es calcular la participación en concentraciones masivas, hay que hablar por lo menos de decenas de miles. La afirmación de que solo asistieron empleados públicos y estudiantes de secundaria no se puede sostener al ver las fotos de familias enteras que expresaron su unidad a favor de la paz y la justicia. Aunque no se puede negar que algunas dependencias estatales pudieron forzar a sus empleados a participar, la tónica general de la actividad, de alegría y espontaneidad, no parecía indicarlo. Aunque entre los alicientes que reforzaron el objetivo de la marcha se puede contar el apoyo explícito de las Naciones Unidas, a través de su Secretario General y de la representación del PNUD en el país, tampoco se puede negar que fueron salvadoreños de todas las condiciones los que desfilaron por las calles de la capital y del interior del país.
La marcha pretendía demostrar que somos más los que queremos vivir en paz, los que estamos a favor de que se haga justicia y los que nos ponemos del lado de la vida… y lo consiguió. La marcha pretendía animar a la población a expresarse públicamente y a trabajar por la paz… y lo logró. Más allá de la manía materialista de descalificar las actividades mediante el cálculo de los millones de dólares que se pierden con un día de asueto, el país y la población ganaron cohesión social y ciudadanía con esta demostración popular. Se equivocaron los que decidieron no solo no apoyarla, sino boicotearla. Se equivocaron los que la descalificaron argumentado que era una acción ideada y promovida por el Gobierno. Ciertamente, el reto está en no perder el impulso ciudadano a favor de la vida y en contra de la violencia; en trabajar juntos para hacer realidad el anhelo de vivir en paz y tranquilidad. Para el Gobierno, el reto está en retomar ese clamor popular y entenderlo no como un apoyo a su gestión —aunque algo de eso hubo—, sino como una exigencia de que la paz y la seguridad sean sus prioridades y que ponga todo su empeño en hacer eficaz y eficiente el trabajo de las instancias competentes.
Para que llegue la paz y la justicia se necesita el concurso de todos los sectores, de todos los salvadoreños. Los que no participaron en la marcha siguen invitados a unirse al anhelo más preciado del país: trabajar por la seguridad de toda la sociedad, dejando en segundo plano los intereses personales, gremiales, políticos o económicos.
