La Iglesia parte siempre en su pensamiento de la igual dignidad de las personas, hijos e hijas de Dios. En ese sentido, todo lo que humilla, margina, olvida o daña las necesidades básicas de la gente tiene que ser revisado y corregido. Pero quienes viven en el mundo de la riqueza (aunque no solo ellos) tienden a pasar de largo ante el dolor y el sufrimiento ajeno. En esto el Evangelio de Jesucristo es muy claro. En El Salvador, en el pasado, algunos ricos estaban más atentos al mugido de su ganado que al gemido de sus trabajadores; la indiferencia ante el sufrimiento humano proveniente de la pobreza, la injusticia o la marginación continúa siendo habitual en la élite económica nacional. La Iglesia nos recuerda que, además de que todas las personas tienen los mismos derechos básicos, el mundo y sus bienes fueron creado para todos los seres humanos. En ese sentido, no hay dueños de bienes, sino administradores.
Si la riqueza, en vez de redistribuir bienes, acapara, se vuelve ostentosa y no se preocupa por una real y efectiva justicia social, se convierte automáticamente en injusta. A este respecto, vale recordar la condena del rico que no sintió compasión por Lázaro y al publicano rico, Zaqueo, que tras conocer a Jesús entregó la mitad de sus bienes a los pobres y les devolvió el cuádruple a quienes les había cobrado de más. Antiguos pensadores cristianos afirmaban que se equivoca el rico que da lo que cree que es suyo, porque en realidad está “devolviendo lo que es de los pobres” y, por ello, no hace una obra de caridad, sino de justicia. La propiedad privada es necesaria para asegurar que los bienes de la creación y de la historia lleguen a todos. Acumularla de un modo egoísta y exhibirla sin pudor no es cristiano ni propiamente humano. Tener casa propia, salario decente, medios de vida adecuados para sí y para la familia, y ser tratado con dignidad es básico para cumplir con lo que la Iglesia llama el “destino universal de los bienes”.
Quienes tienen mayor peso económico o ideológico en un país, estén o no cerca del poder político, tienen la responsabilidad de insistir en aspectos de la vida social que son garantes de la igual dignidad humana. Deben defender el Estado de derecho, apoyar la calidad de las redes de protección social, fomentar la educación y preocuparse por la vigencia y respeto de los derechos humanos. Al contrario de lo que algunos piensan, la responsabilidad social empresarial no consiste en donar una pequeña parte de la riqueza que se posee y ponerla al servicio del desarrollo de unos pocos, desentendiéndose del resto de problemas del país. La justicia social, el buen funcionamiento del sistema judicial, los migrantes, el hambre y la pobreza, el maltrato en las cárceles, la corrupción, la falta de transparencia pública son también responsabilidades de quienes tienen poder económico. Reunirse con el poder político y no tratar con seriedad estos temas es convertirse en cómplice de graves atropellos.