Con o sin pacto fiscal

En los últimos años se ha ido llegando a un consenso entre todos los especialistas, incluso los de instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y Fusades —que siempre se han distinguido por la defensa de Estados pequeños y no burocráticos—: El Salvador debe realizar una profunda reforma fiscal. Si funcionarios de organismos como los mencionados, que no son sospechosos de ser izquierdosos o socialdemócratas, han llegado a esta conclusión, es porque la situación para el país es grave.

El objetivo principal de la reforma es obtener más recursos por la vía impositiva para que el Estado pueda responder a sus compromisos, para que pueda hacer frente a sus altos niveles de endeudamiento y evitar una situación de insostenibilidad financiera. Además, esta reforma fiscal debe proporcionar los recursos suficientes para atender las grandes necesidades del país, en especial por medio del gasto social.

Al respecto, los expertos coinciden en que este no puede disminuirse; por el contrario, debe ser aumentado para que el país pueda encaminarse a un mayor nivel de desarrollo y ayudar a los pobres a salir de la pobreza. También consideran que el nivel del gasto total nacional no da mucho espacio para recortes, aunque sí puede ser racionalizado y redirigido de manera más eficientes. En consecuencia, si no se puede recortar el gasto, si es necesario seguir incrementando el presupuesto de las partidas orientadas al área social, si hay que pagar el servicio de la deuda, si no es conveniente endeudarse más, la única alternativa posible es aumentar los ingresos.

Y ello solo puede hacerse por dos vías: un mayor crecimiento económico o una profunda reforma fiscal. Sin embargo, actualmente, la tasa de crecimiento es muy limitada, y aumentarla depende de muchos más factores que la simple voluntad del Gobierno. Además, es materialmente imposible crecer de tal forma que se obtengan los ingresos suficientes para responder a las necesidades que tiene el país. En este sentido, la vía segura para obtener más ingresos es, de nuevo, la reforma fiscal.

El Gobierno del presidente Funes ha tomado la decisión de realizar esta reforma, pero quiere llegar a la misma por la vida del pacto con todas las fuerzas sociales y políticas. Si bien este propósito es muy loable y abona a la gobernabilidad, llegar a un acuerdo nacional sobre la política fiscal será muy difícil por los intereses encontrados que están en juego. Antes de contemplar la posibilidad de un consenso sobre la cuestión, es más bien fundamental tener en claro algunos puntos.

En primer lugar, para que la reforma fiscal sea realmente estructural, dé un paso hacia la redistribución de la riqueza y ayude a combatir la tremenda desigualdad, es necesario poner paro definitivo a la evasión fiscal. Se requiere, además, pasar de un Impuesto al Valor Agregado único a un IVA diferenciado, que grave menos a los productos de primera necesidad y más a los artículos de lujo y superfluos, los cuales desajustan la balanza comercial y causan otros problemas a la economía. En tercer lugar, debe aplicarse una reforma al Impuesto sobre la Renta personal, subiendo el valor mínimo de los ingresos sometidos a deducción de renta hasta una vez y media el valor de la canasta básica promedio, y modificando las tasas impositivas de modo que estas sean progresivas y se alcance una del 40% para aquellos que tengan ingresos anuales superiores a mil veces el salario mínimo. Y, por último, se requiere introducir el impuesto sobre la propiedad, también conocido como predial.

Por supuesto, una reforma fiscal de este tipo afectará a las clases medias y altas del país, pero sobre todo a las segundas. Al tener que dedicar una mayor proporción de sus ingresos al pago de impuestos, los más acomodados verán disminuir su capacidad de consumo. Sin embargo, ello contribuirá a que el Estado cuente con los recursos necesarios para apoyar a los grupos históricamente desfavorecidos, a los que viven en condiciones de pobreza inhumana. A la vez, esta reforma fiscal podría contribuir a reducir el actual clima de inseguridad en el país y generar mayores posibilidades de desarrollo económico para todos.

La reforma fiscal que se necesita con urgencia pasa por un espíritu de solidaridad entre los salvadoreños. Ante la grave y preocupante situación fiscal del país, es fundamental una actitud patriótica por parte de todos. Sólo ello permitirá abrigar esperanzas en que sea posible llegar al pacto fiscal que busca el Gobierno. De todos modos, con o sin pacto fiscal, la reforma no puede posponerse más. Si no es posible realizarla por la vía del dialogo y el consenso, habrá que buscarla por la vía de la mayoría en la Asamblea Legislativa. De lo contrario, no habrá posibilidad de poner orden en las finanzas nacionales y enrumbar al país por la senda del desarrollo.