Continuar con la democracia

Las campañas electorales fueron tan poco parejas en recursos, cobertura y presión que creíamos que la democracia iba a salir seriamente dañada. La alternancia, el cambio en el poder, demostró que la democracia se ha convertido ya en dimensión viva del pueblo salvadoreño. Es una buena noticia y la hemos celebrado. Sin embargo, la democracia no se celebra solamente en las elecciones; hay que fortalecerla en las instituciones.

En ese contexto, han sido muy positivas las palabras del presidente del Tribunal Supremo Electoral insistiendo en que los partidos comiencen a discutir ya el necesario cambio en la estructura de la institución que preside. Efectivamente, cada vez más la sociedad civil salvadoreña ha insistido en la necesidad de separar, en el Tribunal, las funciones jurisdiccionales y las administrativas. Administrativamente el Tribunal ha demostrado que puede gerenciar confiable y suficientemente bien una elecciones. Pero la función jurisdiccional no ha acabado de funcionar en este Tribunal, compuesto mayoritariamente por representantes de los partidos políticos. La función de aplicar las normas cuando éstas se violan a lo largo de campañas sumamente adelantadas, o incluso de campañas sucias, ha sido deficiente. Y es normal siendo los partidos políticos juez y parte.

Por ello, creemos que el Tribunal debe mantener su función administrativa en manos de los políticos y ceder la función de jueces a personas profesionales e independientes, que puedan aplicar la ley sin compromisos.

Esta llamada a la renovación de instituciones estatales debería ser una constante. Junto con la sociedad civil, los políticos deberían repensar los modos de elección de personas que dirigirán la Corte de Cuentas, la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia. En este último caso, ya cercana la renovación de cinco de sus miembros, es absurdo elegir a personas que ni tienen mayor experiencia judicial, ni producen, mucho menos publican, pensamiento jurídico. Exigir más profesionalidad y menos cuotas políticas es indispensable para que la Corte Suprema no se convierta, como se ha convertido, en un nido de mercaderes legales, siempre sensibles a la presión de los que mandan y predispuestos a ceder ante los intereses del Ejecutivo.

No es más que un desaguisado que el Presidente de la Corte Suprema tenga tanto poder administrativo en lo que es y debe ser un sistema con márgenes de independencia fuerte en las diferentes instancias judiciales. Utilizar los dineros del poder judicial para publicar poesías, libros o artículos de escasa calidad de los magistrados de la Corte no puede catalogarse sino como una forma de corrupción. La incapacidad de estas mismas personas, aunque haya excepciones, a la hora de aplicar e interpretar la Constitución les ha llevado o a la ineficacia, o a que cada vez más casos judiciales acudan a instancias internacionales.

La alternancia en el poder es buena, pero puede ser muy poco eficiente si las estructuras democráticas son débiles. Recientemente, algunos miembros del FMLN que se oponían a las escuchas telefónicas se han mostrado partidarios de ratificarlas antes de que termine el actual período legislativo. Pero, una vez más, las escuchas telefónicas, sin estar acompañadas de una ley de acceso a la información que proteja tanto a ciudadanos como a empresas de intromisiones del Estado, se pueden prestar a cualquier cosa. Y más habiendo, como los hay, jueces venales y fácilmente influenciables por el poder. Está bien que ahora que va a gobernar el FMLN cambie de posición, pues era bastante irracional su resistencia a ratificar las escuchas. Pero está mal que no condicionen la ratificación de las escuchas a una ley de acceso a la información que defienda mejor los derechos de los ciudadanos que podrán ser escuchados.

La alternancia es buena; hoy que ganó limpiamente el FMLN y mañana si gana limpiamente Arena. Pero la democracia no es sólo alternancia, sino fortaleza institucional. Fortaleza que, entre otras cosas, garantice los derechos ciudadanos a unas elecciones cada vez de mayor calidad, y unos servicios democráticos cada vez más llenos de racionalidad, eficiencia y respeto a la ciudadanía.