Contra el clamor popular

La situación económica es, según la opinión de la gente, el principal problema tanto del país como de las familias. Así lo revela el más reciente estudio de opinión del Iudop. El 54% de los encuestados piensa que los problemas que más le afectan directamente son la economía, el desempleo, la pobreza y el alto costo de la vida. En la actualidad, en lo que más gastan los salvadoreños es en alimentos (60% de los consultados) y en los servicios básicos (24%): agua, energía y teléfono. En sintonía con lo anterior, el 45.1% afirma que lo que más ha subido en este año son los alimentos, seguidos de la gasolina (28.3%) y de los servicios básicos (20.3%). Además, el 65% de los que expresaron deseos de irse del país lo atribuyen a razones de índole económica. Es decir, la economía del país no está bien, y menos aún la familiar. Con el agravante de que la perspectiva de la población (78 de cada 100) de cara al resto del año es que, sean cuales sean las medidas que tome el Gobierno, la situación empeorará.

Esta percepción de la población contradice la versión del Gobierno, que afirma que se han recuperado los empleos perdidos por la pandemia, que la economía nacional crecerá a los niveles de la panameña y que el costo de la vida no subirá. En el fondo, la percepción de la población desnuda la falta de voluntad política para aliviar la precariedad económica de las familias. Los precios de los alimentos y de los servicios básicos son dos campos en los que el Estado podría intervenir directamente sin salirse de la política económica liberal. Por ejemplo, reduciendo los impuestos a la canasta básica, o eliminando el IVA a los productos esenciales de la dieta familiar, o quitando impuestos a la gasolina, orevisando la estructura de los subsidios a los servicios básicos de manera que se beneficie a las familias que más lo necesitan. También se podría implementar una política fiscal progresiva por la cual pague más el que tiene más. Un Ejecutivo comprometido de verdad con mejorar las condiciones de vida de la población no regalaría víveres (una medida que más bien potencia el clientelismo político), sino que aplicaría algunas de las medidas anteriores.

A este panorama complicado se suma la introducción del bitcóin como moneda de curso legal, hasta ahora la acción más impopular de la actual administración. Casi 4 de cada 10 no se dieron cuenta de la aprobación de la ley y desconocen el valor de la criptomoneda; no saben qué es y cómo se maneja una billetera digital. De lo que sí está al tanto la gente (77.6%) es de la volatilidad del activo, y eso provoca temor. El desconocimiento hace que se rechace el bitcóin: 83 de cada 100 personas le tiene poca o ninguna confianza y el 71.2% dice que prefiere seguir usando solo dólares. El 95.9% cree que su uso debe ser voluntario. Además, solo 6 de cada 100piensan que esta medida beneficiará a toda la gente. 71.3% opina que su situación económica seguirá igual o empeorará con la introducción del bitcóin, y el 54.3% que los precios de los productos de la canasta básica aumentarán. Por todo lo anterior, el 65.2% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con los treinta dólares que ha ofrecido el presidente como incentivo para el uso de la billetera digital del Gobierno, el 78.3% está nada o poco interesado en descargarla y el 66.7% piensa que la ley bitcóin debe derogarse.

La imposición inconsulta del activo digital ha expuesto la falsedad del discurso oficial. Prácticamente todo lo aprobado por la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa y todas las actuaciones de instancias del Ejecutivo se han justificado aduciendo que “es la voluntad del pueblo”. Si es así, ¿por qué se hacen oídos sordos al rechazo masivo al bitcóin? ¿Por qué el empeño de seguir adelante pese al clamor popular?