Conveniente incompetencia

Hace pocos días, el Tribunal de Ética Gubernamental se declaró incompetente ante la petición de censurar la composición de la comisión legislativa encargada de redactar una ley que lleve a juicio los crímenes del pasado. Los demandantes señalaron que es una grave falta de ética encomendar una ley vinculada a la justicia transicional a personas, como la mayoría de los integrantes de la comisión, vinculadas a crímenes de lesa humanidad. Aunque es una vergüenza que el Tribunal se haya desligado de esa manera de su obligación, al menos ello sirvió para que reconociera una verdad cada vez más patente: su absoluta incompetencia. Es absurdo pensar que no tiene relación con la ética el hecho de que los encargados de elaborar una ley que juzgue los crímenes del pasado estén vinculados con estos directamente. Los demandantes hablaron de conflicto de intereses, y tienen toda la razón. Sin embargo, el autodeclarado incompetente Tribunal de Ética Gubernamental afirma que la Sala de lo Constitucional es la instancia encargada de resolver el asunto.

La semana pasada también sorprendió la decisión de la Corte Suprema de Justicia de recomendar a la Oficina de Probidad que no investigue los casos de corrupción que hayan sucedido hace más de diez años. En la legislación salvadoreña, prescriben los delitos, pero no las deudas. Sin embargo, vista su decisión, la Corte Suprema asume que se puede perdonar a quienes han contraído una deuda con toda la población salvadoreña. Porque robar, además de un delito, es contraer una deuda con las personas a las que se les ha arrebatado dinero o propiedades. ¿Estará la Corte Suprema de Justicia dispuesta a decirle a los bancos que no pueden recuperar deudas al cabo de diez años? Seguro que no. Para quienes pensamos que la soberanía de El Salvador está en su pueblo, desvalijar a la gente que sufre pobreza y enfermedad es mucho más grave que asaltar un banco. Pero acá se castiga sin falta lo segundo y se suele disculpar lo primero.

Por otro lado, la exigencia constitucional de que todo salvadoreño goce de “pronta y cumplida justicia” contrasta con los tiempos de respuesta de los tribunales. Así, personas inocentes acusadas falsa o indebidamente de algún delito pueden pasar cerca de dos años encarceladas hasta que se decrete su inocencia; y esa probabilidad se incrementa en el caso de que sean pobres. A un inocente que pasa dos años encarcelado y no se le indemniza de alguna manera por ello no se le puede decir que ha gozado de pronta justicia. Y su caso se convierte en una prueba más de la incompetencia de algunos juzgados y juzgadores. Una incompetencia que produce inseguridad jurídica, penas exageradas para unos e impunidad para otros. Que se traduce en la construcción de leyes injustas, con la consiguiente desconfianza ciudadana en el sistema de justicia.

La Conferencia Episcopal de El Salvador ha tenido que publicar este domingo un justo y atinado comunicado para denunciar el intento de aprobación de la denominada Ley de Reconciliación, que no es más que el fruto de manipular leyes y sentencias vigentes a fin de establecer una nueva amnistía respecto a los crímenes del pasado. Jueces, diputados y demás representantes del Estado deben tener en cuenta que la incompetencia lleva siempre a la tensión social, al subdesarrollo y a la corrupción. Que no haya tribunales incompetentes es básico para la convivencia social pacífica y constructiva. Ojalá el incompetente Tribunal de Ética Gubernamental reflexionara y colocara la ética por encima de sus miedos, complicidades y conveniencias políticas.