Corruptos todos

Para una buena parte de la población salvadoreña y centroamericana, política es sinónimo de corrupción, suciedad y vicios varios. Aunque idealmente estaría llamada a ser un noble modo de servicio a la comunidad, lo que los políticos han hecho de ella a través de los años es lo que ha provocado que la política se haya devaluado tanto. La Asamblea General de las Naciones Unidas de 2003 proclamó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. La víspera de esta fecha es una ocasión propicia para decir una palabra del estado de ese flagelo en el país. Y lo primero que hay que señalar es que la corrupción se ha convertido en una especie de cultura que invade prácticamente todos los tejidos de la sociedad, tanto públicos como privados. Y la madre de todas las corrupciones es el uso patrimonial de los recursos del Estado. Ya sea porque se apropian directamente del erario público o porque se utiliza al Estado para sacar ventaja a favor propio o de terceros, este tipo de corrupción es la que hace más daño porque afecta directamente al pueblo salvadoreño en la medida que le priva de beneficios e inversiones sociales. Varios de los que ahora representan a poderosos grupos económicos han sido y siguen siendo favorecidos por las dinámicas de la corrupción.

En los últimos días, el caso más sonado en los medios de comunicación identificados con la derecha es el que involucra al Presidente de la Asamblea Legislativa en la compra de unos lotes que eran propiedad de Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Más allá del descarado uso electoral del asunto, el cuestionamiento, al que se ha sumado la voz oficial de la Iglesia católica, apunta a la necesidad de aclarar si Sigfrido Reyes se valió de su cargo para obtener un precio menor al que realmente tienen los inmuebles y si el proceso que se siguió para la compra-venta fue el estipulado por la ley, siendo el Ipsfa una entidad pública. En cualquiera de los casos, de ser ciertos los señalamientos, se estaría violando la ley, es decir, estaríamos ante otro caso de corrupción. Pero aparte del cuestionamiento legal, surge la pregunta ética por el origen de los fondos para comprar esos terrenos. Dicen que el silencio otorga y mal hace Reyes al no aclarar el asunto. Darle largas saliendo del país no hace más que levantar sospechas e hipotecar la credibilidad de cualquier explicación. En honor a la verdad, es necesario que se aclare este caso y que todo se dilucide según las leyes.

Asimismo, deben aclararse los muchos casos de corrupción que han sido engavetados o cerrados con mañas. Desde 2000, cuando el entonces ministro de Economía, Miguel Lacayo, favoreció con aranceles cero la importación de componentes para la fabricación de baterías mientras era también presidente de la empresa Baterías de El Salvador, pasando por los varios casos en el Banco de Fomento Agropecuario, que surgieron de asociaciones ilícitas entre funcionarios y empresarios, como los propietarios del Ingenio El Carmen. O el caso de los más de once mil sacos de abono desaparecidos de un donativo japonés para los campesinos damnificados del huracán Mitch, en el que se involucró directamente al expresidente Cristiani y a uno de sus hermanos. O el caso en 2002 en el que la directiva de la Asamblea Legislativa firmó un contrato con la empresa publicitaria Origen, cuya dueña era la esposa del jefe del equipo técnico legislativo. O también el caso de ese mismo año en el que Julio Gamero, entonces vicepresidente de la Asamblea, aceptó que utilizaba a uno de los empleados del órgano judicial para trabajar en una propiedad suya. Y qué decir de los casos de corrupción en las administraciones de la ANDA y del Seguro Social, en los cuales todos los implicados, excepto uno, no han sido llevados a la justicia. Y más recientemente el de desviación de fondos donados por Taiwán para los damnificados de los terremotos de 2001 en tiempos de Francisco Flores.

Como se ve, los casos son muchos. Y a propósito de la corrupción, son atinadas las palabras del Fiscal General en ocasión del anuncio de la apertura de una investigación de oficio en el caso de los lotes del Ipsfa: “La corrupción le roba muchas oportunidades a la gente honrada e impide que el país crezca y compita. La corrupción viene siendo el buitre que impide que esto se dé con armonía y pleno desarrollo”. Tiene razón el Fiscal, pero debe comenzar él mismo por ordenar su casa y explicar por qué se niega a acusar de lavado de dinero al expresidente Flores, cuando, según los expertos, las pruebas están servidas. Debe aclarar también los señalamientos recientes de usar aviones privados para sus viajes personales y oficiales, naves que son propiedad de uno de los implicados en casos que investiga la Fiscalía.

La honestidad y la transparencia no tienen color político. No es ético dedicar muchas páginas y espacios a unos posibles casos de corrupción y guardar silencio ante otros, o incluso librar de culpa a personajes que han confesado públicamente sus delitos. Tampoco es ético señalar la falta de austeridad del Ejecutivo cuando se silencia, por ejemplo, que el alcalde de Arena en Chalatenango se ha recetado un salario de $5,600.00 mensuales. La lucha contra la corrupción no debe ser antojadiza ni un fenómeno pasajero de temporada electoral. La corrupción hay que castigarla venga de quien venga, siempre.