Crimen organizado en Centroamérica: metástasis

Centroamérica está atrapada por la presencia y operatividad del crimen organizado. En El Salvador, se estructura principalmente en torno al transporte de droga hacia Estados Unidos, pero también realiza operaciones de lavado de dinero, tráfico de armas, trata de personas, hurto de vehículos y furgones, y secuestros, entre otros negocios ilícitos. Algunas bandas del crimen organizado se han especializado en alguna de estas actividades y otras realizan varias simultáneamente. Para tener una mejor idea de lo que significa la presencia del crimen organizado en El Salvador y de su poder económico, vale la pena recordar algunos datos.

Anualmente, pasan por el país alrededor de 600 toneladas de cocaína, y buena parte de sus transportistas reciben el pago en especie. Es decir, los carteles mexicanos y colombianos les entregan por su trabajo entre 30 y 120 toneladas de droga cada año. Esta droga que se queda anualmente en El Salvador tiene un valor en el mercado de entre 700 millones y 3 mil millones de dólares. Esos 700 millones equivalen al doble del presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; y los 3 mil millones representan la suma de los presupuestos del Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia.

Por la falta de información, se suele pensar que los miembros del crimen organizado en nuestro país no son salvadoreños, que solo recalan acá para traficar o transportar droga, armas y personas, para cometer sus crímenes. Pero estudios de especialistas y de organismos internacionales dicen lo contrario: las bandas del crimen organizado que operan en El Salvador son fundamentalmente nacionales. Ciertamente, tienen vínculos con los carteles mexicanos, colombianos y con otros grupos internacionales, pero actúan con autonomía. Son bandas poderosas que, para hacer su trabajo con el menor riesgo posible, han buscado protección, aliados e informantes en las mismas instituciones que deberían luchar contra ellas.

Estas organizaciones criminales tienen vínculos con políticos de derecha y de izquierda, con hombres de negocios, policías, fiscales, miembros de la Fuerza Armada, jueces, y también con las cabezas de las pandillas. Estos vínculos les permiten realizar sus operaciones delictivas sin apenas ser molestados por las autoridades; y en los raros casos de investigación o captura, les garantizan el sobreseimiento o la expedita absolución por parte de un juez. Estos vínculos también los necesitan para controlar sus territorios de actuación, distribuir la droga en el mercado nacional, lavar el dinero, obtener armas, cruzar las fronteras sin problemas y un largo etcétera de actividades ilícitas.

Ante la pasividad de las autoridades y el involucramiento de algunas de ellas, el poder de estas bandas criminales va creciendo en El Salvador. Al revisar los pocos casos que llegan a los juzgados, salta a la vista que muchos de los acusados son absueltos por falta de pruebas, por defectos de forma o porque el juez considera que no hay indicios suficientes para determinar su responsabilidad en los hechos criminales que se les imputan. Sin embargo, ni fiscales ni jueces son investigados, mucho menos apartados de sus funciones por hacer mal su trabajo. Hay información fidedigna sobre la oposición frontal de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la depuración de los jueces y funcionarios corruptos. Y esto constituye un elemento clave del aparato que protege al crimen organizado.

Para luchar contra el flagelo no basta con incrementar el número de policías o sacar más soldados a las calles. Tampoco servirá de mucho incrementar los recursos para las tareas de seguridad si no hay voluntad decidida de las autoridades de luchar y neutralizar a las organizaciones del crimen. Se requiere que las instituciones responsables de luchar contra el delito sean fuertes y estén integradas por gente capaz y honesta tanto en los niveles directivos como en los operativos. Para ello, es necesario que sean constantemente depuradas de aquellos miembros que se compruebe han sido corrompidos o infiltrados por el crimen organizado.

En esta línea, es de fundamental importancia que el Fiscal General de la República sea una persona íntegra y honesta, comprometida con la justicia y capaz de enfrentar con decisión al crimen organizado y a todo tipo de delito que se cometa en el territorio nacional. Es por eso, por el bien del país, que una vez más desde la UCA apelamos a la responsabilidad y sentido patriótico de la Asamblea Legislativa para que elija de una buena vez a un Fiscal General comprometido, sin ambages, con la lucha contra el crimen y la impunidad. El Salvador lo necesita y lo merece.