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La finca El Espino era originalmente una gran extensión de tierra ubicada en una zona céntrica de San Salvador. Representa todavía uno de los principales pulmones verdes de la capital. A principios de este siglo se estimaba que por el abastecimiento de agua y la purificación del ambiente ese terreno beneficiaba directamente a no menos de dos millones de personas. Poco a poco, por la construcción de carreteras, centros comerciales, residenciales, dependencias del Gobierno y otros, el área se ha ido fraccionando y reduciendo.
Por la reforma agraria, la finca fue expropiada a la familia Dueñas a principios de los años ochenta. Sin embargo, incluso antes de esa fecha, ya vivían allí familias que habían trabajado por años como colonos en las fincas de café de los Dueñas. Algunas de esas familias, que llevan más de 30 años de residir en el lugar, ahora tienen hasta el martes 9 de junio para desalojar. El Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán los declaró “usurpadores” de un terreno cuya propiedad ha sido demostrada por una de las míticas 14 familias de la oligarquía cafetalera salvadoreña. La disputa lleva ya varios años ventilándose judicialmente, y la resistencia de unas 80 familias que no tienen otro lugar para vivir no ha podido, en los tribunales, con una familia multimillonaria, para la cual esta porción de El Espino será una más entre sus propiedades.
La finca volvió a manos de los Dueñas en 2009, a cambio de haber cedido un terreno para la construcción del entonces bulevar Diego de Holguín. En el protocolo que consignó la permuta ni siquiera se menciona a las familias que habitan en la finca. El pasado 3 de junio, fuerzas policiales llegaron al lugar, pero no ejecutaron la orden de desalojo. De ese modo, la Policía Nacional Civil actuó apegada a la justicia: no se puede simplemente lanzar a la gente a la calle. El titular del juzgado de Antiguo Cuscatlán les ha dado 6 días a las familias para que desalojen por voluntad propia antes de obligarlos por la fuerza.
Los Dueñas han demostrado, escrituras en mano, que el terreno es de su propiedad. Sin embargo, habría que preguntarse por el origen de esta y otras propiedades de las familias salvadoreñas acaudaladas. Recuérdese que en 1881 el entonces presidente Rafael Zaldívar promulgó varias leyes destinadas a despojar a la población indígena salvadoreña de las tierras comunales y ejidales porque se consideraba que eran “un sistema arcaico e ineficaz en el uso de la tierra”. Zaldívar manifestó que “la existencia de tierras bajo la propiedad de las comunidades impide el desarrollo agrícola, estorba la circulación de la riqueza y debilita los lazos familiares y la independencia del individuo”.
Asi, se despojó a los indígenas de sus tierras y estas pasaron a manos de un pequeño grupo de familias que tenía el control del Estado. Entre estas, de acuerdo a los historiadores, los Regalado, Escalón, Figueroa, Orellana, Menéndez, Alfaro, Palomo y, por supuesto, los Dueñas. Así nació la oligarquía cafetalera, que emprendió una serie de reformas a la Constitución para legitimar la nueva forma de tenencia de la tierra y la estructuración de la sociedad emergente. Más de un siglo después, lo que hoy sucede en la finca El Espino es una especie de reedición de aquella expropiación, con las validaciones legales de la actualidad.
En el espíritu de monseñor Romero, habría que recordar que quienes más sufren las consecuencias del ejercicio de la ley suelen ser los descalzos: la serpiente solo los muerde a ellos. En este caso, no se ha hecho justicia, pues esta tiene que ver con la procura de condiciones dignas para la vida. Y más allá del derecho a la propiedad, estas 80 familias están siendo vulneradas en su derecho a tener una vida digna. En El Salvador es frecuente toparse con que las leyes no promueven la justicia; de eso dan fe la ley del salario mínimo y todas las exoneraciones de impuestos para los que más dinero tienen.
La finca El Espino se ha convertido en un jugoso botín para proyectos lucrativos que, en nombre del desarrollo de la capital, destruyen el medioambiente. Si se les ha ofrecido dinero a las familias que hoy habitan en la finca, es porque se sabe que las ganancias que se sacarán del terreno son exorbitantes. El derecho al desarrollo inmobiliario de la propiedad no debería prevalecer sobre el derecho a una vivienda digna. Los pobladores de El Espino no son más que una muestra representativa de la condición de muchísimas familias salvadoreñas. El primer garante del respeto a la dignidad de las personas es el Estado, más aún en este caso, porque el Gobierno que permutó esas tierras se comprometió a buscar una alternativa de reubicación a las familias afectadas, a fin de dejarle el camino libre a los Dueñas. Y ese acuerdo no se cumplió. Legalmente, los dueños de la tierra tienen razón, pero la justicia exige que se les cumpla a estas familias, y el primer responsable de eso es el actual Gobierno, en tanto administrador del Estado salvadoreño.
