De emergencia en emergencia

Quizá los daños causados por las últimas tormentas convenzan de una vez de que el 88% del territorio nacional es altamente vulnerable y que el 95% de la población vive expuesta a algún tipo de riesgo. La mezcla de vulnerabilidad y fenómenos naturales intensos es explosiva, pues causa desastres sociales, económicos y humanos. La reciente tormenta Bonnie dejó dos muertos, decenas de evacuados y cuantiosas pérdidas materiales. Hace 15 días, las lluvias de junio, de acuerdo a los reportes de Protección Civil, provocaron la muertes de ocho personas. Las de junio de 2020, hace dos años, en plena pandemia, se saldaron con 30 personas muertas, una desaparecida y 12 mil 651 refugiadas. Ese mismo año, a finales de octubre, un deslave dejó nueve muertos y arrasó las viviendas de la comunidad Los Angelitos, en el municipio de Nejapa.

Por la falta de planificación del desarrollo urbano, las grandes ciudades del país han crecido de manera desordenada, solo respondiendo al afán de lucro de las empresas inmobiliarias. Esto ha provocado que se usen los suelos con vocación forestal para levantar complejos habitacionales, las zonas de recarga hídrica para construir carreteras o diversas infraestructuras. Con el mismo propósito se ha desviado los cauces de ríos y quebradas. Todo esto le está pasando factura al país, afectando en mayor medida a los más pobres. La ciencia y la experiencia demuestran que los desbordamientos se incrementan cuando se altera o interviene la circulación natural de los cursos de agua; que los desbordamientos ocurren sobre todo en zonas altamente desforestadas y en barrios y colonias que no cuentan con sistemas efectivos de alcantarillado o canales de desagüe. Si, como se pretende, se impermeabiliza el valle El Ángel,la ingente cantidad de agua que hoy en día se infiltra en el terreno buscará salida sobre lo construido, abriéndose así la posibilidad permanente de una tragedia.

El problema del progresivo deterioro ambiental del territorio salvadoreño no es una cuestión de los últimos años, sino de décadas. Sin embargo, pese a esta situación límite, no parece que vaya a haber cambios. La administración actual no ha mostrado ningún interés en distanciarse del modelo depredador y explotador de los bienes naturales. Al contrario, ha acelerado el otorgamiento de permisos ambientales para grandes construcciones sin tomar en cuenta el daño ecológico que puedan causar; ha aprobado una Ley General de Recursos Hídricos que beneficiará a los grandes inversores privados; ha mostrado inclinación por la minería metálica industrial. Si no se hace nada para contrarrestar la destrucción del medioambiente, cada vez serán más frecuentes las escenas de destrucción, dolor y luto. Si nada cambia, el país seguirá de emergencia en emergencia, ahogándose en su falta de capacidad de planificación y prevención.