Debatir con transparencia

La Asamblea ha aceptado la nómina de candidatos a la Corte Suprema que le envió el Consejo Nacional de la Judicatura. Una nómina viciada porque al menos tres miembros del Consejo se postularon a sí mismos. Viciada éticamente en cualquier país del mundo. Pero en esta ocasión el FMLN ha apoyado que la nómina llegue al Órgano Legislativo. Y algunos de los miembros de este partido defienden que los miembros del Consejo de la Judicatura puedan cometer esa falta de ética profesional.

Nos podemos preguntar las razones. Pero la transparencia de los señores diputados parece ser igual de oscura en Arena que en el FMLN. Y por eso no queda más que hacer especulaciones. A los partidos, y en esto todos caen en el mismo pecado, les encanta negociar sin que el ciudadano se dé cuenta de cuáles son sus intenciones. Especialmente cuando se trata de elegir magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Y de ese modo, aunque a la Corte han llegado, y suponemos que seguirán llegando, personas honorables, llegan también personas influenciables por los gobiernos de turno, serviles en algunas ocasiones e ignorantes en otras. Hasta ahora, los partidos no han conseguido presentar ante la ciudadanía un estilo trasparente de elegir a los miembros de la Corte Suprema. Al contrario, han negociado a oscuras, entre ellos, cómplices de mantener a la Corte Suprema de Justicia en una situación deleznable. Malos profesionales presidiendo la Corte, ignorantes dictando sentencia, corruptos presidiendo salas. Los magistrados honorables han estado casi siempre en minoría. Y esa mezcla de serviles y politiqueros ha logrado casi siempre imponer la voluntad no propia, sino la de aquellos que los promovieron a sus puestos.

El ambiente de responsabilidad ciudadana que resultó de las últimas elecciones nos hacía suponer que, antes de elegir a los miembros de la Corte, los diputados pondrían criterios claros, racionales y consensuados para nombrar a personas decentes, buenos profesionales, personas con producción teórica escrita o con el respaldo de un ejercicio judicial poblado de sentencias ejemplares. Pero ese modo de apoyar la nómina viciada del Consejo Nacional de la Judicatura obliga a suponer que volvemos a las andadas. La oposición de la sociedad civil e incluso de Arena a la nómina viciada hacía pensar en una posición más racional del FMLN. Lo lógico es que el FMLN hubiera rechazado esa nómina, junto con Arena, y hubiera propuesto al mismo tiempo unos criterios básicos y públicos para la elección de los magistrados. Pero nada de eso ha pasado. Al contrario, se nos montan una serie de explicaciones flojas y de un legalismo ajeno a la ética que nos hace temer lo de siempre: oscuridad, tratos ocultos, justificación de lo injustificable.

Si se quiere corregir lo hecho, no hay nada mejor que poner de nuevo criterios públicos de elección y someter a discusión abierta la selección de los candidatos según los criterios establecidos. A esos criterios mínimos de producción teórica de calidad, docencia excelente o ejercicio de la profesión de juez con sentencias ejemplares, habría que añadir ahora el criterio de que no resultaran elegibles aquellas personas que desde sus propios puestos públicos se hubieran promovido a sí mismos. Sólo de esa manera, siendo transparentes ante la ciudadanía, con criterios claros y proceder ético, se convence al ciudadano de que el partido del cambio quiere realmente un cambio en El Salvador. De lo contrario, se corre el peligro de habituarnos a más de lo mismo. Nadie quiere pensar con demasiada rapidez que el poder corrompe en nuestro país. Porque eso no es bueno ni para los diputados, ni para la Corte Suprema, ni para el Consejo Nacional de la Judicatura, ni para el país entero y sus ciudadanos. Al contrario, necesitamos que crezca la confianza ciudadana en sus instituciones. Y para eso es necesaria una transparencia mayor que la que el país ha tenido hasta el presente.