Deber de humanidad

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Editorial UCA
30/09/2019

Se celebran treinta años de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Salvador es signatario de ella y, por tanto, le corresponde honrarla y cumplirla. La Convención protege los derechos humanos básicos de los niños, niñas y adolescentes. Sus principios son cuatro: no discriminación; interés superior del niño; derecho a la vida, supervivencia y desarrollo; y participación infantil. Algunos datos dan fe de las enormes lagunas que existen en nuestro país a la hora de garantizar los derechos de este sector de la población.

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, en su informe sobre 2018, nos muestra que en el país abundan los homicidios contra menores de edad. Además, de las ocho denuncias diarias de agresión sexual, el 95% son cometidas contra mujeres, y más de la mitad (1,700) son violaciones de niñas. En la tercera parte de los salvadoreños que viven en pobreza se registra un buen número de niños con desnutrición. A muchos de ellos no se les estimula en la primera infancia de modo que puedan desarrollar sus capacidades. Y si fijamos el bachillerato como condición para poder participar en el desarrollo del país, solo el 40% de nuestros jóvenes alcanzan esa meta. Y al menos una tercera parte de ese porcentaje adquiere el grado de bachiller con una grave carencia de calidad educativa.

En El Salvador, los jóvenes son los más afectados por la violencia: homicidios, golpes, maltratos, agresiones sicológica y sexual. Son los peor pagados en sus primeros trabajos. Son los que más emigran y los que más sufren los efectos de la migración en la familia. Son los más tentados por la cultura individualista y consumista que impulsa a la satisfacción inmediata del deseo, y también los más frustrados cuando no pueden acceder a un consumo que se les presenta como indispensable para la felicidad. Jóvenes poco preparados para el mundo laboral, con baja educación, incitados a un afán de compra que no pueden satisfacer no solo garantizan la reproducción intergeneracional de la pobreza y la exclusión, sino también de la amargura y la violencia. Con razón afirma Zygmunt Bauman, uno de los sociólogos más importantes de las últimas décadas, que “lo que convierte a los excluidos del presente en clases peligrosas es lo irrevocable de su exclusión y las escasas posibilidades que tienen de apelar la sentencia”.

Tanto institucional como legalmente, el país ha dado pasos en la dirección correcta, pero queda largo trecho por recorrer para que se pueda afirmar que respetamos a plenitud la Convención sobre los Derechos del Niño. Debemos implementar ya, y con decisión, el proyecto de cuido y desarrollo de la primera infancia presentado por Unicef; un proyecto que fue suscrito a inicio de año por todos los candidatos que participaron en las elecciones presidenciales. Además de invertir en la primera infancia, debe revisarse, de una vez por todas, la educación preescolar y escolar, mejorando los espacios y la calidad educativa, y diversificando las líneas de formación secundaria, orientando unas al trabajo de calidad después de los 18 años y otras hacia el estudio universitario. Invertir en la niñez y la adolescencia no solo es una obligación moral, sino también un deber de humanidad.

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