Defender los derechos sin violencia

Los primeros diez días del año han estado marcados por las protestas públicas de dos grupos que no gozan de aprecio entre la población y cuyas demandas están muy por encima de las capacidades económicas y financieras del país. El primero que inició el año con acciones de hecho fue el de los transportistas, que, molestos porque el Gobierno les rebajó el subsidio y no les permitió incrementar la tarifa del transporte, decidieron subir el pasaje unilateralmente. Ante la reacción de las autoridades de multar a las unidades que hacían el cobro ilegal, decidieron hacer un paro y prestar el servicio de forma irregular durante varios días, perjudicando gravemente a la población. Como ya hemos afirmado varias veces, los empresarios del transporte público no tienen ninguna solvencia moral para demandar aumentos ni para protestar cuando se les niegan. Su incapacidad, largamente probada, para ofrecer un servicio adecuado, con un mínimo nivel de calidad, les niega cualquier derecho a protestas de este tipo. Es ampliamente conocido que el subsidio por unidad de transporte es en exceso elevado. Es de sobra conocido que el deseo de obtener el máximo beneficio posible los ha llevado a poner en circulación buses chatarra, en los que los usuarios arriesgan la vida, pues entre más unidades, más subsidio. En esta lógica, los transportistas no han hecho otra cosa que ordeñar al Estado en su propio beneficio.

Son muchas las unidades de transporte urbano e interurbano que no están en condiciones técnicas de operar. Y una gran parte de sus motoristas conducen agresivamente, irrespetando la ley de tránsito y poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. Así las cosas, la decisión de los transportistas de subir el pasaje y entrar en paro manifiesta de nuevo una absoluta falta de interés por el servicio que prestan, un deseo de perjudicar a la población usuaria. Queda claro que su única preocupación es convertir un servicio público en un negocio lucrativo para su beneficio personal. Si los empresarios del transporte hubieran honrado sus promesas de mejorar el servicio, retirar las unidades inservibles, dar más seguridad a los usuarios, sus demandas quizás podrían ser consideradas, pero ante la triste realidad del transporte público, el Gobierno debe exigir que los transportistas cumplan primero con sus obligaciones.

El otro grupo que inauguró el año haciendo públicas sus demandas mediante acciones que afectan a la ciudadanía fue el de los miembros de la Coordinadora de Veteranos de Guerra de la Fuerza Armada. Su acción coordinada para bloquear fronteras y carreteras en distintos puntos del país mostró la fuerza organizativa de este grupo y su capacidad para causar un conflicto de gran tamaño. Sus demandas pueden ser válidas, como afirma Óscar Luna, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, pero lo que solicitan del Gobierno excede por mucho las posibilidades financieras del Estado. Por otra parte, los trabajadores de El Salvador deben cotizar muchos años para recibir una pensión, y son muchos los que después de laborar toda la vida no la reciben por no haber aportado al sistema previsional. En todo caso, las pensiones que recibe la mayoría de jubilados son mucho menores a lo que piden los veteranos. También habría que preguntar qué pasó con las cotizaciones que hicieron al Instituto de Previsión de la Fuerza Armada y con la pensión correspondiente, y por qué la institución terminó en la quiebra. De todo eso debe haber responsables y seguramente están entre los altos mandos militares. Estos, además, están en deuda con la población, pues no han pedido perdón por los crímenes que cometieron en el pasado, ni han apoyado el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos que cometió la Fuerza Armada.

Manifestarse, protestar, demandar, presionar por medios pacíficos para llegar a una negociación son derechos ciudadanos, que además están consignados en la declaración universal de los derechos humanos. En las circunstancias que vive El Salvador, es importante que estos derechos sean respetados y puedan ser ejercidos por todos. Pero es igualmente necesario que se ejerzan pacíficamente; toda forma de violencia debe ser rechazada y erradicada. Por su parte, el Gobierno debe defender los derechos de todos los ciudadanos sin que el uso de la fuerza sea el recurso de primera instancia. Debe evitarse a toda costa que el país entre en una nueva una espiral de violencia; debe garantizarse que la reivindicación de los derechos de un grupo particular no atente contra los derechos de la colectividad entera.