Derecho de duda

Cuando se elige a un representante o funcionario, se les suele pedir a quienes critican el nombramiento que le den el beneficio de la duda a la persona en cuestión. En el caso de la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional, dicho beneficio no debe concederse sin condiciones, pues la elección se realizó lejos del escrutinio público, sin que se transparentaran las razones de la decisión. La ciudadanía tiene la obligación de supervisar acuciosamente los efectos de esa decisión, que de lo menos que puede calificarse es de turbia. Es curioso que los diputados insistan en que quieren corregir los errores del pasado mientras los repiten con toda tranquilidad.

La Sala de lo Constitucional fue elegida con más de cuatro meses de atraso. Después de un proceso de entrevistas públicas a los candidatos, la elección se decidió con conversaciones y negociaciones privadas. Algunos diputados insistieron en que esta Sala no debía ser como la anterior. Sin duda, lo que quieren evitar que se repita es la libertad e independencia de la Sala anterior. Por ejemplo, entre los electos figura una persona que tiene dos condenas en el Tribunal de Ética Gubernamental. ¿Queda esta persona en deuda con los diputados que no le dieron importancia al detalle? Puede ser que los legisladores no consideren graves las condenas del Tribunal, pero un cargo tan delicado como el de magistrado de la Sala de lo Constitucional requiere una hoja de vida intachable. Y con el nombramiento de funcionarios que desprecian la meritocracia y caen en el nepotismo se da un primer paso hacia la corrupción.

Por otra parte, está el tema de los baremos. Un sector de la sociedad civil elaboró una especie de cuestionario al que fueron sometidos los candidatos. Según fueran las respuestas, se les atribuía una calificación. No era un baremo perfecto ni se consensuó con todos los sectores que tienen experticia en el tema, pero era un mejor sistema que la pura arbitrariedad de los diputados, más acostumbrados a examinar simpatías y lealtades políticas que capacidad y conocimiento técnicos. Los legisladores no tuvieron en cuenta con seriedad los resultados del baremo. En ese sentido, queda pendiente que la Asamblea elabore su propio baremo para próximas elecciones y que sea transparente y dialogante con la sociedad civil. El hecho de que algunos de los nuevos magistrados hayan despreciado los baremos los delata como personas con poco aprecio a la democracia, más cercanas a la soberbia y prepotencia que a la objetividad. Si bien no se puede criticar a todos los elegidos, es evidente que algunos de ellos tienen rasgos oscuros en su dimensión personal y profesional.

Esa es la situación. Salvo los diputados independientes, que se mostraron en este proceso como tales, los partidos políticos dejaron claro que han cambiado poco. La ciudadanía tiene derecho a pensar que el sistema de elección por cuotas sigue presente, que la Asamblea Legislativa es irresponsable al haber elegido tan tarde y tan lejos del escrutinio público, y que el funcionamiento de la nueva Sala de lo Constitucional tiene que ser estrictamente vigilado. Además, la sociedad civil debe continuar trabajando activamente para que este tipo de elecciones se lleven a cabo de un modo mucho más transparente y en base a baremos y estándares básicos internacionales. Este no es tema de izquierdas o derechas, sino de transparencia, fidelidad a la Constitución y conocimiento, racionalidad e inteligencia jurídica. Ojalá que los nuevos magistrados que sí son idóneos no se dejen manipular ni influir por la prepotencia y falta de independencia de algunos de sus colegas, ni por los políticos que no quieren una Sala como la anterior.

Cuando las elecciones de funcionarios de segundo grado están impregnadas de oscuridad y falta de transparencia, el beneficio de la duda para los funcionarios implica el derecho de la ciudadanía a dudar y pedir cuentas. Por ende, la auditoría ciudadana de la nueva Sala de lo Constitucional debe ser constante y permanente.