Derechos humanos bajo ataque

Hace aproximadamente mes y medio, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que “los derechos humanos están siendo asfixiados uno a uno por autócratas, el patriarcado, las guerras y el sistema financiero mundial moralmente en quiebra [...] están contra las cuerdas y están siendo duramente golpeados”. En El Salvador, los derechos humanos se tomaban en serio hace algunos años, aunque hubiera serias deficiencias. Hoy, después de estar sometidos a un severo ataque, los derechos humanos han quedado marginados a lo que el Gobierno de Bukele diga o disponga. Ello, por supuesto, con la anuencia y respaldo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el comisionado presidencial para el tema, que se limitan a callar o mentir ante la situación actual. El régimen de excepción está plagado de abusos y violencias. Y lo mismo sucede con el encarcelamiento de extranjeros en el Cecot y con otras costumbres y decisiones judiciales que atentan contra la presunción de inocencia, la pronta y debida justicia, el derecho al habeas corpus, el derecho a contar con una adecuada defensa y los derechos de la niñez.

Sobre el desprecio y los ataques a los derechos humanos, también la Iglesia se ha lamentado con frecuencia. En efecto, ha insistido en que “promover y defender con medios lícitos la verdades morales que se refieren a la vida social —la justicia, la libertad, el respeto de la vida y de los demás derechos de la persona— es un derecho y un deber de todos lo miembros de una comunidad social y política”. Derecho y deber expresados recientemente a través de la recolección de firmas contra la minería metálica, una acción promovida por la Iglesia católica salvadoreña que fue atacada con insultos tanto desde el oficialismo como desde la inmoralidad y la vulgaridad refugiadas en el anonimato de las redes sociales.

En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se le recomendó a El Salvador cumplir estándares básicos de derechos humanos, poner fin a la tortura en las cárceles y garantizar un juicio justo para los detenidos durante el régimen de excepción. En este último punto insistieron numerosos países, conscientes del desastre judicial provocado por la suspensión de las garantías constitucionales. Una situación que ha empeorado a raíz del acuerdo con Estados Unidos de encarcelar extranjeros en el Cecot. La confusión y arbitrariedades de los agentes de migración estadounidenses han ocasionado que entre los extranjeros encarcelados acá haya una importante proporción de personas sobre la que no pesa ninguna acusación criminal. Se produce así una privación arbitraria de libertad que viola gravemente tanto los derechos humanos como la Constitución de la República. Restaurar en el país el Estado de derecho se convierte, por tanto, en una necesidad impostergable. Pero solo se logrará avanzar hacia ello cuando se levante por fin el régimen de excepción.