Desgracias y corruptelas

Pocos días antes de la tormenta Agahta, aparecía una noticia más de corrupción de la Corte Suprema de Justicia. En 1992, en el marco de la jubilación anticipada de algunos trabajadores del Estado tras los Acuerdos de Paz, se ofreció una compensación de seis salarios a todos los funcionarios que se retiraran voluntariamente de sus puestos. Se suponía que llevaban bastante tiempo en los mismos y que su retiro facilitaría la integración de otras personas o la reducción de la burocracia. Pocos años después, la ley se reformó y se incluyó en la misma a los miembros de la Corte Suprema. Y el truco dio resultado: bastaba con que los magistrados de la Corte se retirasen un par de días antes de cumplir sus nueve años de mandato para obtener el último salario casi completo y el equivalente de seis salarios más. Así, a cada uno de los cinco miembros de la Corte que se retiraron hace un año se le dio la cantidad de 23 mil dólares aproximadamente; y al Presidente de la Corte Suprema, en torno a los 28 mil.

Esta noticia, sólo publicada por El Faro, no tiene pérdida. Porque además de mostrar la corrupción objetiva de leyes y personas, exhibe la falta de criterio y la cobardía de alguno de los actuales magistrados. En efecto, uno ellos, cuando se le preguntaba la valoración del hecho, declaraba que es legal la entrega de seis salarios, pero que no sabía si eso era ético o no. ¿Cómo es posible que, en un asunto tan concreto como este, un magistrado no sepa distinguir entre lo que es ético y lo que no lo es? Hablemos claro —como nos gusta decir en esta casa de radio—: esa ley que permite a los magistrados obtener una compensación de seis meses de salario al retirarse pocos días antes de terminar su mandato es una disposición corrupta hecha para corruptos. En un marco de excelentes salarios, como los tienen algunos en el Estado, esa ley debería limitarse, en todo caso, a los funcionarios que ganen menos de mil dólares al mes. Los empleados públicos que son elegidos para un tiempo concreto y determinado por la ley no deberían estar favorecidos por esa disposición legal ni por ninguna otra que les regale más prebendas de las que ya tienen.

Vivimos en un país pobre, vulnerable, con tragedias frecuentes, con huracanes y tormentas, como la reciente Agatha, que siembran muerte, pobreza y daños. Y precisamente a los que viven bien, a los que difícilmente les va a afectar una inundación como la de estos días, a ésos se les da en abundancia el dinero del Estado, que es también dinero de los pobres. Pero a los pobres le llega la ayuda estatal con cuentagotas. El FMLN, que ha llegado al poder como abanderado de los pobres, debería pedir inmediatamente la revocación de esa ley. No se puede seguir malgastando el dinero del Estado en funcionarios que ni siquiera han hecho aportes sustanciales al mejoramiento de la situación salvadoreña.

Generalmente, los miembros de la Corte Suprema tienden a creerse investidos de una dignidad que supera a la del ciudadano común. Por eso, los miembros de la anterior Corte se asignaban corruptamente tres vehículos cada uno. Y por eso mismo, porque un grupo decente de magistrados les ha cortado un beneficio, sigue la mayoría de los magistrados tratando de entorpecer la labor de los que son austeros y tienen conciencia de lo que sufre este país.

Qué lamentable que a un buen número de magistrados de la Corte Suprema se les pueda llamar corruptos desde el punto de vista ético, y que ellos no hagan nada para evitarlo. Solicitar que se cambie la ley y que no aparezcan como beneficiarios de la misma es lo mínimo que los magistrados deberían hacer, en este país de crisis, inundaciones y problemas, y en el que ellos están favoreciéndose de los impuestos de los pobres. Una Corte Suprema con ética es indispensable para el país, pero sigue habiendo un grupo entre los magistrados que es incapaz de comprometerse seriamente con principios básicos de moralidad.