Deshumanización

A finales de agosto murió una salvadoreña a quien se ha llamado Rosario para seguridad de su familia. Desde hace años, Rosario padecía insuficiencia renal. Estaba ya en la etapa 5, es decir, sus riñones tenían un daño grave y ya no podían limpiar la sangre, lo que le ocasionaba múltiples padecimientos. Ella aplicó al programa de trasplante de riñón del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Su esposo se ofreció como donante. Después de pasar los exámenes de rigor, se le declaró apto para serlo. Pero en abril de 2022 fue detenido en el marco del estado de excepción y el proceso de preparación para la operación se vio interrumpido.

Varias veces se hizo la solicitud de liberación, hasta que finalmente la Cámara de lo Penal ordenó que continuara su proceso en libertad a fin de que pudiera ayudar a sobrevivir a su esposa. Sin embargo, la resolución de la Cámara fue desoída por la Dirección General de Centros Penales, argumentando que la Fiscalía General de la República había iniciado otro proceso judicial en contra del señor. Varias organizaciones, entre ellas el Idhuca, que acompañaba legalmente al esposo de Rosario, iniciaron una campaña, a la que se sumaron colectivos y personas, pidiendo la liberación del donante. Rosario murió a finales de agosto; su esposo sigue detenido.

Luego de que se dieron a conocer los entresijos de la tregua que las principales pandillas del país acordaron con apoyo del Gobierno de Mauricio Funes, Raúl Mijango fue el rostro elegido para condenarla. Mijango fue asesor del ministro de Defensa, David Munguía Payés, y medió entre las maras para llegar a la tregua. Pese a la condena social, nunca se escondió ni negó el rol que jugó en el proceso. Lo detuvieron en 2016 y en repetidas ocasiones las acusaciones judiciales en su contra por diversos delitos se cayeron por falta de pruebas. Hasta que en octubre de 2018, gracias al testimonio de un testigo criteriado que había declarado en otros juicios, lo condenaron a 13 años y 4 meses de prisión, acusado de colaborar en una extorsión.

Mijango estaba enfermo cuando lo condenaron. Y con el paso del tiempo y por las duras condiciones de la reclusión, su estado de salud se fue agravando. Tenía varias enfermedades; entre ellas, insuficiencia renal. La última vez que dio declaraciones, dijo que su vida dependía de una máquina para hacerse dos hemodiálisis semanales y una dieta que en el centro penal era imposible de cumplir. Por eso, solicito libertad condicional, pero se le negó argumentando “riesgo social”. Sus representantes pidieron que lo sacaran por razones humanitarias, para que pudiera morir en su casa, pero la solicitud no obtuvo respuesta. Mijango murió el pasado 28 de agosto.

Aunque de naturaleza y connotaciones diferente, estos dos ejemplos dan cuenta de los niveles de deshumanización en los que ha caído la administración de justicia controlada por el Ejecutivo. Independientemente de que se crea o no en la veracidad de los señalamientos en ambos casos, no conceder una medida humanitaria y aplaudir esa decisión reflejan un grave deterioro humano y social. Hay más, muchos más casos de personas que han muerto en los centros penales pese a los ruegos y los recursos presentados por sus familiares. Una sociedad que es insensible y tolerante a las injusticias camina hacia su destrucción.