Deudas de la Fuerza Armada

El Presidente recibió la semana pasada el bastón de mando de la Fuerza Armada. Lo que ha sido objeto de comentarios porque, si bien en América Latina algunos exguerrilleros han llegado a la presidencia de su país y, por ende, a la comandancia general de su Ejército, es la primera vez que, en tiempo de democracia, llega a tal cargo un ex comandante guerrillero. La normalidad con la que se celebró la ceremonia es encomiable. Sin embargo, la Fuerza Armada salvadoreña tiene algunas asignaturas pendientes y hay que señalarlas. En la administración anterior, cuando Mauricio Funes pidió perdón por la masacre en El Mozote, se dio una orden y se formó una comisión para revisar la historia militar de El Salvador e impedir que militares implicados de cualquier modo en crímenes de lesa humanidad pudieran seguir recibiendo honores de cualquier tipo. Hasta ahora, se sigue esperando los resultados del trabajo de esa comisión. Y por supuesto, el nombre de Domingo Monterrosa, comandante del Atlacatl durante el tiempo en que ese batallón perpetró varias masacres, sigue recibiendo honra en lugares públicos.

Y hay más. Algunos de los crímenes cometidos por militares u ordenados desde el Estado Mayor del Ejército han sido encubiertos institucionalmente por la Fuerza Armada. En ese sentido, la entidad castrense tiene el deber moral de pedir perdón por los crímenes de algunos de sus efectivos. Y no solo pedir perdón en general, sino particularmente a las víctimas, deudos o partes ofendidas en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil y encubiertos por las autoridades, especialmente cuando el conocimiento del crimen o la orden de ejecutarlo vinculaba a oficiales de alta graduación. Lo ha hecho el Ejército de Chile, con un historial menos nefasto que el salvadoreño; debería hacerlo también nuestra Fuerza Armada.

En los Acuerdos de Paz se dice claramente que se podrá tener un "Ministro de Defensa civil", pues en una democracia el poder civil debe primar claramente sobre una fuerza que es obediente, no deliberante. Desde el fin de la guerra, han pasado más de veinte años y hemos comenzado ya la sexta presidencia de la República, tomando la de Cristiani como la primera de esta nueva etapa. Y ese "se podrá" ha brillado hasta el momento por no pasar del ámbito de lo posible. Ciertamente, de los países que tuvieron conflictos internos en América Latina, El Salvador y Guatemala son los únicos que no han tenido a un Ministro de Defensa civil tras la firma de la paz. Esa ausencia siembra dudas sobre la calidad democrática de la Fuerza Armada, por mucho que se diga —olvidando o soslayando lo que está pendiente— que ha cumplido muy bien los Acuerdos de Paz.

Centroamérica, como lugar de paso y de comunicación entre mares y pueblos, debe tener una clara vocación pacifista y una unión mucho más estrecha que la actual. Ejércitos con pasados turbios, con resistencia a admitir responsabilidad en los hechos de violencia y brutalidad de nuestra historia común, con privilegios sobre las autoridades civiles, con gastos superfluos en armas, son instituciones que pueden quedarse obsoletas y convertirse en lastres inútiles para la democracia. Aceptar plenamente la normalidad de la democracia implica pedir perdón por los crímenes cometidos, aceptar e incluso solicitar la conducción civil, y dialogar con la población obre cuál debe ser el futuro de la institución armada. Sin miedos y con apertura, sin ideologizaciones ni discursos. Solo así podrán ganarse la legitimidad democrática que pretenden.