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Hace unos días El Salvador fue elegido para ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, dentro del país no se reconocen los derechos humanos al agua y a la alimentación. Desde hace años, Naciones Unidas hace llamados a sus Estados miembros (El Salvador es uno de ellos) para que reconozcan estos derechos en sus constituciones nacionales. En nuestro país, esto no se ha logrado. Y es tan contradictorio como cuando los partidos políticos exigen democracia mientras son una trinchera de autoritarismo o cuando los grandes medios de comunicación dicen defender la libertad de expresión siendo ellos uno de los principales obstáculos para su realización.
Recordemos que en abril de 2012 la Asamblea Legislativa aprobó con 81 votos (prácticamente con los de todos los diputados presentes en esa sesión) la reforma del artículo 69 de la Constitución, para reconocer como derechos de todos los salvadoreños el acceso al agua y a la alimentación. Pero este jueves 30 de octubre se truncó otra oportunidad histórica de ratificar ese artículo gracias a la negativa de los diputados de Arena, Conciliación Nacional y PDC. El primer intento de ratificación fue en mayo de 2013, y se frustró por los mismos que ahora se oponen a reconocer al agua y a la alimentación como derechos humanos. En aquella ocasión, los diputados salieron con la recurrente cantaleta de que el pueblo no estaba preparado para entender así al agua y a la alimentación. Esta vez, las razones esgrimidas son igualmente insostenibles y poco serias.
Unos diputados han condicionado su apoyo a cambio de votos para otras reformas constitucionales; otros han sostenido argumentos tan inconsistentes como que si una comunidad se quedara sin agua, gracias a la ratificación podría demandar a la Asamblea. Entre las poquísimas e insuficientes razones para oponerse sobresale la que dieron los diputados de Conciliación Nacional y de Arena. Dijeron que mientras no esté aprobada la Ley General del Agua o la Ley de Soberanía Alimentaria, no pueden votar por la ratificación de esos derechos. Es decir, los de súbito ilustrados diputados de derecha han inaugurado una nueva jurisprudencia en el país. Los mismos que se encargan de hacer las leyes están contradiciendo el principio de supremacía constitucional, que afirma que todas las leyes secundarias deben estar subordinadas a la Constitución de la República. Los brillantes diputados han invertido este principio. A su juicio, primero hay que aprobar la ley secundaria para luego encargarse de la Carta Magna.
En el fondo, son simples excusas para no hablar con la verdad al pueblo salvadoreño. Estos diputados prefieren no decir que apoyan los intereses de las grandes empresas nacionales y transnacionales que se verían afectadas por la ratificación. Por ejemplo, una empresa envasadora de bebidas utiliza cientos de miles de litros de agua al día mientras en su entorno pueden existir comunidades a las que no les llega el vital líquido. Reconocer como derecho humano al agua y hacerlo realidad podría revertir esta situación, porque pondría en primer lugar el derecho de las personas a tener agua por sobre la utilización del recurso para fines lucrativos. Por eso hay sectores poderosos que no quieren que se declare al agua y a la alimentación como derechos humanos.
En esta misma lógica hay que entender que Fusades y toda la derecha hayan propuesto que el ente rector del agua sea una institución autónoma cuya mayoría de integrantes sean afines a la empresa privada. Sin duda, Fusades sabe que con esta propuesta, aunque su formulación parezca favorecer a la gente, se están resguardando poderosos intereses comerciales. En el caso de los diputados, quizás no alcanzan a articular estas razones de fondo, y por eso salen con pretextos indignos de un legislador. Sin embargo, los diputados opositores deben tener claro los intereses que defienden. Con el hambre y la sed del pueblo no se juega. No se puede votar a favor en 2012 y después retractarse. O votar que sí en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y tres días después retractarse, como hizo Conciliación Nacional. La recordada frase del célebre editorial de Ignacio Ellacuría, “A sus órdenes, mi capital”, sigue ilustrando la actuación de estos partidos y de los que con propuestas y opiniones respaldan que no se reconozcan estos derechos humanos. Los diputados no deberían subestimar a los salvadoreños. ¿Con qué cara —ahora que se vota por rostros— pedirán al pueblo sus votos estos legisladores?
