Dos millones de ciudadanos esperan respuesta

El lunes pasado, después de cuatro años desde que fue presentada la primera demanda de inconstitucionalidad contra el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), la Sala de lo Constitucional dictó sentencia definitiva, dando un plazo de un año a la Asamblea Legislativa para aprobar la concesión del mismo, a fin de que pueda operar en un carril segregado de la vía pública. Con ello, la Sala da tiempo al Gobierno y a los legisladores para que resuelvan lo que se hizo mal en el Sitramss: construir con fondos públicos la infraestructura para su funcionamiento y entregarlo a una empresa privada sin la correspondiente licitación y sin contar con la aprobación de la Asamblea. En este sentido, la Sala de lo Constitucional no está pidiendo desmontar el Sistema ni afirma que el mismo vaya en contra de la Constitución.

Ante la sentencia, la respuesta inmediata del Ministro de Obras Públicas fue que procederían a desmantelar la infraestructura existente. Aunque luego se desdijo, su tuit inicial no fue buena noticia para el transporte colectivo de El Salvador ni para sus miles de usuarios. Sí para los viejos empresarios de transporte y sus socios, a los que les conviene mantener un servicio caótico y de mala calidad. Es importante recordar que la construcción del Sitramss costó 70 millones de dólares, prestados por el BID, y que aún se adeudan; que sus unidades no tienen utilidad fuera de él; y que es una copia del modelo de transporte colectivo que se está utilizando con éxito en la mayoría de las grandes ciudades latinoamericanas, como Bogotá, Ciudad de México, Quito o Guatemala.

Ante la sentencia, la opción sensata sería aprovechar la inversión ya realizada, subsanando todos los errores e ilegalidades. Además, se pueden buscar maneras de mitigar la afectación al transporte particular y extender el Sistema por toda el área metropolitana. Lo ideal sería crear una empresa pública que gestione el Sitramss, dando vida a un verdadero transporte público de calidad, como lo han hecho otras urbes del continente. Hasta la fecha, el Sistema constituye la primera y única propuesta de transporte masivo, digno, ágil y seguro de nuestro país. Destruirlo sin tener una alternativa con, al menos, las mismas bondades sería un grave error. El Ministro de Obras Públicas haría bien en estudiar las virtudes del Transmetro de Ciudad de México y saber cómo ha facilitado la movilidad en esa megalópolis.

El transporte colectivo en el área metropolitana de San Salvador se caracteriza por el mal servicio, el hacinamiento en las horas pico, la inseguridad, la falta de una adecuada planificación y por estar gestionado por empresarios inescrupulosos. Ello ha contribuido al incremento exponencial del parque vehicular, al uso excesivo de vehículos particulares, generando gran contaminación y un tráfico muy superior al que las calles pueden soportar. Un buen sistema de transporte colectivo de carácter público, integrado para toda el área metropolitana, seguro y digno, agilizaría la movilidad, mejoraría la calidad del aire, disminuiría los costos de movilización de la población y supondría una gran mejora en la calidad de vida de la ciudadanía. Es este uno de los temas de más urgente solución. Los dos millones de ciudadanos que habitan en el gran San Salvador lo saben y lo esperan.