Educación infantil, un imperativo ético

Celebramos el Día del Niño en el marco del inicio oficial de la propaganda electoral para los comicios del año próximo. Mientras la Lepina, una normativa dedicada a proteger a la infancia, entiende a los niños como una "prioridad absoluta" para El Salvador, los candidatos a la presidencia no reflejan en sus discursos o en sus planes de gobierno un mínimo de coherencia con esa prioridad. Todos hablan, por supuesto, de resguardar a la infancia y la familia, pero ninguno hace un planteamiento serio sobre el tema de niños y niñas, primordiales según la ley. Y, por supuesto, la formulación de sus promesas de apoyo es tan general que no posibilita que los ciudadanos evalúen si se ha cumplido o no con esa prioridad absoluta que todos los partidos aprobaron unánimemente.

En El Salvador, la educación comienza oficialmente a la edad de 4 años, sin obligatoriedad. Aproximadamente, solo un 50% asiste a este nivel formativo, denominado educación parvularia. Antes de los 4 años, solo el 2% de los niños acude a centros educativos, en lo que sería la educación infantil o preinfantil. La educación se vuelve obligatoria con la primaria, que se inicia a los 7 y debe llegar hasta el noveno grado. Hasta el sexto grado, los porcentajes de asistencia superan ampliamente el 90% de la población en edad escolar. La secundaria, no obligatoria, la termina aproximadamente el 40% de personas menores de 30 años; y la educación universitaria, el 7% de los que están en el rango de los 20 a los 30 años.

Estos datos deberían hacer reflexionar a los candidatos. Si de verdad creemos que la educación es fuente de desarrollo, es urgente invertir masivamente para superar las lagunas evidentes de la educación infantil. Habla muy mal del país que los 7 años sea la edad que marque el inicio oficial de la educación obligatoria. Que no haya nada serio a nivel oficial para las edades de 0 a 4 años muestra un grave descuido hacia niños y niñas. Y que solo la mitad de la población infantil entre los 4 y los 6 años acceda a educación parvularia, considerada además como no obligatoria, es una irresponsabilidad flagrante.

Todos los países que han alcanzado el desarrollo han emprendido planes ambiciosos de inversión en los niños. Por eso asombra que los candidatos a la presidencia, mientras multiplican promesas, no mencionen el problema estructural de la educación en El Salvador. Abandonar las primeras etapas de vida de un niño es marcar una clara desventaja educativa. Mantener la educación parvularia al 50% es marginar de un derecho básico a la población infantil más pobre. Y sacar del sistema educativo al 60% de adolescentes antes de cumplir los 18 años es condenarlos a la calle o a trabajos mal pagados para el resto de sus vidas.

Ante estos datos, es evidente que los candidatos no pretenden un futuro mejor para nuestros niños; piensan solo en las próximas elecciones, no en las nuevas generaciones. Si lo hicieran, tendrían planes formulados, con metas concretas y evaluables, para ir cubriendo el grave déficit educativo que hemos citado. Quizá los candidatos todavía no saben ni siquiera quién sería su titular de la cartera de Educación. Si lo tuvieran ya designado, como se tiene designada ya esa pieza más decorativa que útil que suele ser el vicepresidente, podrían elaborar planes, mantener diálogos, buscar apoyos y delinear una política educativa realmente inclusiva. Adelantar proyectos y reflexión, en vez de algarabía electorera, pensar en los niños y diseñar políticas públicas eficaces frente a estas carencias, es un imperativo ético. Tal vez actuando así, sí podamos hablar sin rubor ni vergüenza de prioridades absolutas.