El agua, derecho innegociable

El deterioro medioambiental es uno de temas sobre los que mayor y más profunda conciencia ha ganado la humanidad en las últimas décadas. Los movimientos ambientalistas constituyen la voz de esa conciencia; una voz que nos recuerda constantemente que la vida en el planeta no tendrá viabilidad sin protección del hábitat. En El Salvador también tenemos voces que nos recuerdan que como país marcharemos al precipicio mientras no hagamos algo para conservar y reconstruir nuestro medioambiente. Y al respecto, uno de los principales retos es proteger, conservar y gestionar adecuadamente el agua. El Salvador está al borde del estrés hídrico, a punto de no tener agua suficiente para toda la población. Si no se hace algo al respecto, simplemente no tendremos futuro.

Hace algunos años, organizaciones del movimiento social y ambientalista aglutinadas en el Foro del Agua presentaron un anteproyecto de Ley General de Aguas. Probablemente la conciencia creciente sobre la crítica situación que vivimos hizo que en enero de este año la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa comenzara la discusión de la Ley, a partir de dos propuestas: la del Foro del Agua y la presentada por el Ejecutivo a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Desde su inicio, el proceso de discusión fue lento y engorroso, estéril por momentos, pero avanzaba. Sin embargo, el 6 de marzo, la Asociación de Regantes de Atiocoyo Norte presentó, con el apoyo de Arena, un tercer anteproyecto, titulado Ley sobre Gestión Integral de los Recursos Hídricos. Gracias a declaraciones del diputado arenero Vicente Menjívar, se supo que detrás de la propuesta están en realidad abogados de Fusades, vinculados a la Mesa del Agua y al partido de derecha.

Introducir ese tercer anteproyecto tuvo una clara intención: estancar la discusión y hacerla retroceder. Pero no es eso lo más grave. El anteproyecto tiene graves omisiones y ciertas concepciones que, en la práctica, harían que el derecho al agua no se garantice para las futuras generaciones. Por ejemplo, se sustituye el concepto de "derecho al agua" por el de "beneficio", con lo que se disipa el estatus de obligatoriedad para el Estado. En lo referente al organismo rector, proponen una composición que incluye a dos representantes de instituciones de Gobierno, tres de gremiales privadas, una de universidades acreditadas y una de las corporaciones municipales, lo que implica el riesgo de que el ente rector termine teniendo un perfil más privado que público. Además, no se contemplan mecanismos claros y vinculantes para la participación ciudadana.

Al no reconocer al agua como un derecho humano y, por tanto, no garantizar que todos los salvadoreños ejerzan su derecho de acceso al recurso, la propuesta debería generar preocupación y alarma. La UCA, como lo ha hecho en otras ocasiones, sostiene que una Ley General de Aguas que en verdad busque beneficiar al pueblo salvadoreño no debe negociar estos tres aspectos: (a) el reconocimiento de los derechos humano y comunitario al agua; (b) la creación de una autoridad que fortalezca la gestión pública del líquido y tenga al Estado como su principal garante; y (c) la prohibición expresa de cualquier forma de privatización del agua. Cualquier normativa que se aparte de estos principios no significará otra cosa que echar por el desagüe la viabilidad del país a mediano plazo.