La Asamblea anterior desaprovechó la oportunidad de aprobar una buena ley de transparencia. La actual está empezando, pero dados los vientos que corren bueno sería que diera signos de entrarle a los problemas del país cuanto antes. El tema transparencia es uno de esos problemas de largo plazo que de alguna manera impiden la toma de conciencia del ciudadano. Conocer crea conciencia, y la conciencia es el único camino de cambios positivos.
En El Salvador hay demasiada oscuridad. Oscuridad actual en las discusiones sobre el nombramiento del nuevo Fiscal General. Nadie habla con claridad para informar sobre los criterios que se utilizan en la selección o rechazo de personas. Ningún diputado se atreve a decir que no debe estar a cargo de un puesto que debe ser independiente (judicial o fiscal) quien haya tenido cargos públicos importantes en alguno de los partidos políticos. La negociación oscura, el capricho de decir éste sí puede tener cargos, o éste jamás los tendrá, parecen ser los argumentos más recurrentes. Ya el nombramiento de Ástor Escalante, pasando de un puesto gubernamental a un puesto ligado a la operatividad de una justicia que debe ser independiente, fue un poco escandaloso. Pero peor es la actitud de los diputados que no quieren ponerse de acuerdo en criterios antes de elegir un nuevo Fiscal General.
Pero no sólo en las discusiones necesitamos información y claridad. Adivinar los movimientos de la famosa partida secreta presidencial es poco más que misión imposible. Si Mauricio Funes rinde cuentas claras, como prometió, sobre esa partida, ciertamente empezará su gobierno con el pie derecho. Pero la misma oscuridad se da en el presupuesto de la oficina de Inteligencia del Estado y en los archivos militares de la guerra, que debían ser desclasificados y abiertos después de más de 15 años de finalizado el conflicto.
El cambio que se avecina no puede ser solamente político. Será, esperamos, un cambio de prioridades. En ese sentido, las necesidades de los pobres creemos que tendrán más importancia que las de quienes han estado en el poder tanto tiempo. Pero necesitamos también un cambio de actitudes. Y ese cambio implica una lucha frontal contra la corrupción, el abuso de poder y la oscuridad. Esa oscuridad en la información que ha caracterizado a los últimos Gobiernos, dedicados sistemáticamente a insistir en que el vaso estaba medio lleno cuando en realidad está mucho más vacío que lleno. Los vasos del pueblo salvadoreño, lamentablemente, se han vaciado demasiado en el interior de algunos, muy pocos, bolsillos privados.
La perspectiva y la visión de la realidad tienen que cambiar. No se puede ver como síntoma de desarrollo un edificio, el más alto de Centroamérica exceptuando Panamá, construido en la zona deforestada de Multiplaza, y dedicado exclusivamente a 88 familias que puedan pagar más de trescientos mil dólares por apartamento. Con un déficit habitacional de medio millón de casas decentes, ese gasto es bastante escandaloso. Y sólo debía permitirse si esos apartamentos tuvieran un impuesto cada uno del 20 o el 30 por ciento. Transparencia es también decir en nuestros medios que con un impuesto del 20% sobre el costo de esos apartamentos se podrían construir un mínimo de 600 viviendas dignas para los sectores que carecen de ellas. Y queda poca duda de que los 88 que pueden dar más de trescientos mil dólares por apartamento también pueden pagar un impuesto del 20% sobre el costo.
Pero si la transparencia es un deber ético en la información de todos, en el campo público debe ser un deber legal. Ese deber legal que incluso la empresa privada está pidiendo, harta ya de tanta corrupción en el manejo de la cosa pública. Corrupción que en parte ha sido propiciada desde algunos sectores de la empresa privada desde hace ya muchos años, pero que a lo largo de estos últimos 20 se ha ido volviendo onerosa para todos. Aprobar la adecuada y necesaria ley de transparencia debe ser uno de los primeros pasos de nuestros nuevos diputados. Al menos si tienen un mínimo sentido de lo que significa el mayoritario deseo de cambio en el país.