El caso Salazar

José Mauricio Salazar, sordomudo de nacimiento, era un hombre honrado, trabajador. Tenía 38 años cuando un policía lo mató. Según la versión inicial de la PNC, un grupo de cuatro agentes se topó con una cantidad superior de pandilleros, que comenzaron a disparar contra ellos. Los policías habrían respondido el fuego y uno de los atacantes, José Mauricio Salazar, murió, mientras los otros escaparon. En la escena, los policías mostraron una pistola cerca del cuerpo de Salazar como prueba de que disparó contra ellos. En un inicio, la Fiscalía, sobrecargada de trabajo, aceptó la versión de la PNC sin investigar. Cuando a petición de la familia de la víctima el Idhuca se presentó como querellante y se recabaron testimonios, la Fiscalía cambió de posición y retomó el caso, trabajando bien y armónicamente con la querella. El juez, quien procedió con seriedad y ética durante todo el proceso, condenó a 20 años de cárcel al agente que mató a Salazar. Aunque en principio se hizo justicia y se logró superar la impunidad que suele caracterizar a las ejecuciones extrajudiciales, es importante reflexionar sobre las carencias y limitaciones de este caso.

En primer lugar, la Inspectoría General de la Policía no aportó nada en el juicio. Siendo un órgano dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que tiene la responsabilidad de investigar comportamientos deficientes o ilegales de los agentes, mostró una vez más su escasa o nula competencia. En su fallo final, el juez le ordenó a la PNC que aclare que José Mauricio no era pandillero. Además de cumplir con esa orden judicial, la Policía tendría que proceder administrativamente contra los otros tres agentes del grupo, que estuvieron de acuerdo en fingir unos hechos exculpatorios que hubieran llevado a un fraude procesal. La pistola no era de Salazar ni nunca fue disparada por él, según la prueba científica posterior. Un taladro que la víctima llevaba consigo en el momento en que fue asesinado desapareció.

Agentes dispuestos a encubrir a un compañero que cometió un crimen no deberían estar en la Policía. La jefatura de la corporación, además, si quiere ser coherente con su marco conceptual para el uso de la fuerza y armas letales, debería publicar este caso en la página web de la institución, así como las sanciones impuestas a los policías que encubrieron y ocultaron pruebas. Solo actuando de esa manera se pueden evitar casos como el de la desaparición y posible asesinato de la agente Carla Ayala, en el que hay encubrimiento y también muchas inconsistencias en la versión oficial. Casos como el de José Mauricio Salazar deberían ser suficientes para pedir la dimisión del titular de la Inspectoría General de la PNC.

La Fiscalía debe tener una actitud más vigilante ante hechos de uso letal de la fuerza por parte de la PNC. Ya el Fiscal General ha reconocido públicamente que la Policía tiene la capacidad de ocultar y manipular pruebas. El caso Salazar no es el primero ni el único en que después de una ejecución extrajudicial se esconden pruebas y se manipula la escena del crimen en favor de la versión falsa dada por los agentes involucrados. Mayor vigilancia y cuidado en los casos de enfrentamientos entre miembros de la PNC y pandilleros es necesaria, pues los índices de letalidad en dichos enfrentamientos dejan en evidencia un uso abusivo e ilegal de la fuerza.

Aunque hay que reseñar el proceder técnico y profesional del juez del caso Salazar, se deben de perfeccionar este tipo de procesos. El juez determinó en su sentencia que el agente condenado usó desproporcionada e innecesariamente la fuerza. Sin embargo, afirma también que no se trató de una ejecución extrajudicial, sino de un caso de “dolo eventual”. Por ello, sería conveniente que la Corte Suprema de Justicia impartiera cursos de derechos humanos a los jueces, para equiparar el lenguaje jurídico nacional con el derecho internacional, al que estamos sujetos por diversos tratados. El derecho internacional llama ejecuciones extrajudiciales a las muertes que son fruto del uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, así como a las que se derivan de imprudencias, negligencias o violaciones del reglamento policial. Una mayor claridad de los jueces al respecto obligaría a diputados, Gobierno y Policía a entender sus obligaciones y la gravedad del uso abusivo de la fuerza.